“El derecho al olvido debe ser obligatorio en una red social, pero es complicado en una web de información”

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Los proveedores de Internet y agencias de protección de datos ponen de relevancia la necesidad de un marco normativo global para salvaguardar la privacidad de forma similar en todos los países.

Uno de los temas que más polémica encienden en relación a las redes sociales es la gestión, en ocasiones cuestionable, que éstas hacen de los datos de sus usuarios. Cada vez que plataformas como Facebook llevan a cabo algún cambio o introducen alguna nueva prestación también se modifican algunos aspectos relacionados con la privacidad. Todo ello se añade a la dificultad que los clientes de estos espacios encuentran para borrar definitivamente la huella de su paso por dichos servicios.

Este tema es el que ha centrado esta mañana la mesa redonda “Panorama normativo nacional de la Privacidad en Internet”, en el marco de el IV Foro- Data Privacy Institute, que ha contado con representantes legales de empresas como Telefónica, Tuenti, Prisa Digital y de la Agencia Catalana de Protección de Datos.

Lo primero que se ha puesto sobre la mesa ha sido el correcto cuidado de los menores en el mundo 2.0. ¿Cómo protegerlos en un entorno digital que comienza a ser natural para ellos, pero que a la vez puede ser tan peligroso?

Óscar Casado, director Jurídico y de Privacidad de Tuenti, señala que en su compañía cuentan con un equipo de unas 40 personas que comprueban durante noche y día que sus usuarios superan los 14 años de edad. Cuando tienen dudas les solicitan una copia del DNI o en su defecto una autorización paternal. Casado explica sorprendido que hay un gran número de padres que les piden que sus hijos menores de esta edad puedan acceder a sus servicios para comunicarse con sus amigos.

En este sentido, Ramón Miralles, coordinador de Auditoría y Seguridad de la Información en la Agencia Catalana de Protección de Datos, defiende que los menores” deben ser educados para aprender a identificar las señales de alerta” en este entorno.  Los peligros son cada vez más numerosos para los pequeños,  con el sexting (envío y recepción de fotos, vídeos o textos sexuales) y el ciber-bullying (acoso digital en forma de comentarios crueles, información falsa o chantajes) a la orden del día. Miralles ha destacado la figura de menores que pueden guiar a otros en el manejo correcto de estas herramientas y ha subrayado el papel fundamental que juega la colaboración de las empresas de Internet con las autoridades administrativas y policiales para proteger a los menores.

La protección de los datos tiene un gran inconveniente y es la inexistencia de un marco normativo global. Para Paula María Eliz Santos, letrada de la dirección de Asesoría Jurídica de lo Consultivo de Telefónica España, “esto garantizaría que la gestión de la privacidad se realizaría de la misma manera en todas partes”. En esta línea, la Unión Europea está intentando crear una legislación para unificar estos mecanismos de defensa de la información privada en el ámbito de los menores de edad, que aún está siendo perfilada.

Lo cierto es que pese a que los principales sitios sociales se han comprometido con Bruselas para seguir estos preceptos de protección de los más pequeños, una ronda de pruebas de la Comisión Europea pone de manifiesto que sólo dos (Habbo Hotel y Xbox Live) de nueve de estos espacios están configurados por defecto para que los perfiles personales de menores únicamente sean accesibles para su lista de contactos aprobados.

En este sentido la política de la compañía española Tuenti es muy clara. “Lo que pasa en Tuenti se queda en Tuenti. A diferencia de otras redes sociales nosotros no permitimos que los motores de búsqueda indexen los datos de los usuarios para salvaguardar su privacidad”, explica Casado. Sin embargo, Ramón Miralles, de la Agencia Catalana de Protección de Datos, opina que los buscadores son una ventana muy buena para permitir a los usuarios finales sepan qué se dice de ellos en la Red”.

Para Natalia Martos, directora de Privacidad en Grupo Prisa, el ‘derecho al olvido’ no se puede ponderar siempre de la misma manera. La responsable precisa que “eliminar los datos y el rastro del usuario en una red social es su derecho, pero la cosa es más complicado si se trata de un medio oficial o de comunicación. En este último caso puede anteponerse el derecho de información, pero también se exige que se proporcione una información actualizada si, por ejemplo, se ha tratado de una sentencia, juicio o causa penal”.

Todos los ponentes han coincidido en una cosa: El usuario tiene que poder controlar qué ocurre con su información personal y elegir en qué soporte quiere que ésta se muestre. Queda, sin embargo, una pregunta en el aire: ¿Cómo estar tranquilos respecto a nuestros datos si ni siquiera sabemos dónde se alojan y qué hacen muchas empresas con ellos?

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