Ametic se opone a la tasa propuesta para financiar el cine en Cataluña

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Anuncian posibles medidas legales en caso de que se apruebe estas tasas.

La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (Ametic) ha anunciado que se opone “frontalmente” al canon que la Generalitat de Cataluña pretende “imponer” a las operadoras de servicios de conexión y que, según esta asociación, estaría dirigido a “potenciar” la producción cinematográfica de esta comunidad autónoma.

Según una nota hecha pública por la patronal del sector, esta advierte que la tasa cuenta ya con “el rechazo” de las empresas de telecomunicaciones al “tratarse de una propuesta unilateralmente planteada sin que haya existido negociación alguna entre ambas partes”. En sus alegaciones, la asociación lamenta que este canon supondría un “nuevo esfuerzo que ya hace frente a una elevada presión fiscal” con multitud de impuestos y tasas procedentes de las administraciones catalanas”, subrayan al tiempo que muestran su “oposición contundente” ante esta normativa.

Entre las principales tasas que denuncian deben hacer frente figuran las que actualmente ejecutan para financiar RTVE,  y para lo que los operadores aportan 0,9% de los ingresos, así como el 1,5% de los ingresos audiovisuales de los operadores de acceso condicional. Además, la Ley General Audiovisual establece una tasa del 5% de los ingresos audiovisuales dedicada a financiar las producciones audiovisuales europea y española.

Asimismo, las compañías de telecomunicaciones sostienen que “todos los esfuerzos deben concentrarse ahora en las importantes inversiones” a las que están haciendo frente el sector para desplegar las nuevas redes fijas y móviles de alta capacidad, unas infraestructuras imprescindibles para “contribuir a que España forme parte del nuevo ecosistema digital y para el desarrollo de servicios que puedan prestarse a través de estas redes”, destacan al tiempo, que de aprobarse las tasas de aprobarse esta medida, anuncian que iniciarán acciones legales dirigidas a su anulación, lo que harán “ante las instancias jurídicas correspondientes, a nivel autonómico como nacional y europeo”, concluye el comunicado.

 

 

 

 

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