Bruselas quiere el registro obligatorio de todas las comunicaciones electrónicas

Seguridad

Empresas de telecomunicaciones y de Internet pretenden que se suavice la propuesta ya que la consideran demasiado intrusiva, muy costosa y técnicamente difícil.

La Comisión Europea propondrá que las compañías telefónicas y proveedores de Internet elaboren un registro obligatorio de todos los correos electrónicos, llamadas telefónicas y otras comunicaciones electrónicas, según afirmó Viviane Reding, comisaria europea para la Sociedad de la Información y los Medios de Comunicación. “En los próximos días habrá una propuesta”, indicó Reding en una conferencia de la industria de las telecomunicaciones. No obstante, dicha iniciativa podría desatar un conflicto con estados miembros.

Francia, Irlanda, Reino Unido y Suecia hicieron una propuesta similar en abril del pasado año tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, en los que murieron 191 personas. El acceso al archivo telefónico tenía como objetivo ayudar a la policía a realizar arrestos rápidos. En este sentido, el consejo de ministros de la Unión Europea, que representa a los estados miembros, quiere que todos los datos de telecomunicaciones se almacenen durante un año para ayudar a la policía en la lucha contra el terrorismo y otros crímenes, y ya adelantó una propuesta sobre esta cuestión el pasado año.

El actual contenido de las conversaciones, mensajes de texto o correos electrónicos no se guarda. Las empresas telefónicas guardan actualmente los registros durante tres meses únicamente por motivos de facturación.

Sin embargo, Reding destacó que la armonización de la UE de cualquier obligación de retención de datos debería ser propuesta por la Comisión más que por estados miembros, dado que afecta al mercado interno de la UE. Así, una propuesta de la Comisión tendría que ser acordada por el Parlamento Europeo y los estados miembros, para hacer el proceso más transparente, afirmó Reding. “Esto ayudará a encontrar el equilibrio adecuado no sólo en términos de privacidad y confianza del consumidor, sino también en términos de costes para la industria”.

No obstante, grupos de activistas de los derechos civiles, y empresas de telecomunicaciones y de Internet, quieren que se suavice sustancialmente la propuesta ya que la consideran demasiado intrusiva, muy costosa y técnicamente difícil. De hecho, las telecos pretenden, por su parte, que los estados miembros compartan la factura que supondría la aplicación de estas medidas.

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