Se ha desvelado una cadera de correos electrónicos en los que un empleado de Symantec estaría negociado cómo y cuánto habría que pagar para que el código robado fuera destruido.
Desde la asociación defienden que los usuarios que almacenaban contenidos legales tienen derecho a recuperar sus propiedades y piden un compromiso a las autoridades de EE.UU para no eliminarlas.
En una carta enviada a seis congresistas, Google asegura que las opciones de privacidad se mantienen con la nueva política y que no se venderán datos a terceros.
Las empresas contratadas para almacenar la información subida a la plataforma, Carpatia Hosting y Cogent Communications, se plantean borrarla a partir de este jueves.
Izquierda Unida se ha hecho eco de la petición de FACUA en la cámara y ha instado al Gobierno a defender ante EE.UU a los usuarios españoles que han visto sus archivos personales afectados por la clausura.
Las compañías deberán informar sobre brechas de seguridad dentro de las primeras 24 horas después de que sucedan y podrían tener multas del 1% de sus ingresos globales sin incumplen las normas.