El Consejo Europeo quiere igualar redes sociales y servicios de streaming a la televisión

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El órgano acuerda una propuesta de reforma que permite exigir a las plataformas de vídeos bajo demanda un 30% de contenidos propios.

Acuerdo esta semana en el Consejo Europeo sobre la revisión de la directiva relacionada con los servicios audiovisuales. El Consejo ha preparado su propuesta con la finalidad de adaptarse a los nuevos escenarios tecnológicos sin perder la competitividad en la zona y defendiendo valores fundamentales, como el pluralismo, la diversidad cultural o la protección a los usuarios, especialmente si son menores.

La principal novedad en las revisiones que se han acordado es que los canales de televisión y los servicios de vídeo a demanda se regularán según las mismas normas. La misma regulación se aplicará a las plataformas de vídeos compartidos y de social media, en las que tienen gran importancia los contenidos audiovisuales.

El acuerdo en el Consejo no se traduce en un cambio inmediato de la normativa sino que, como explican en un comunicado, “allanará el camino para comenzar negociaciones con el Parlamento Europeo, en vistas a adoptar la directiva tan pronto como sea posible”. De aprobarse, supondrá importantes cambios para empresas como Facebook, Netflix o Amazon Vídeo.

El órgano quiere enfatizar las producciones propias frente a contenidos de fuera de las fronteras de la Unión. Por esto, quiere obligar a las plataformas de streaming a que incluyan en sus catálogos como mínimo un 30% de contenidos de miembros de la UE. Los países integrantes podrán pedir una cuota de contribución financiera a los proveedores de estos servicios, aunque las startups y pymes estarán exentas.

En esta revisión de la directiva se han tenido especialmente en cuenta temas de actualidad como el discurso de odio o el uso de las redes por terroristas, sin que esto vulnere la libertad de expresión o los derechos de los ciudadanos de la UE.

El Consejo Europeo lleva negociando esta posición común desde hace varios meses. Las negociaciones y el trabajo se han desarrollado bajo las últimas presidencias, la de Eslovaquia y la actual, la de Malta, que lleva desde el 1 de enero y durará hasta el 30 de junio.

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