Industria cree que “sería un error” no impulsar TDT de pago
Aunque las licencias actuales no contemplan esa posibilidad, Francisco Ros planta la semilla que nos obligará a pagar para ver.
En el marco del Foro Sociedad en Red, organizado por Europa Press, Ros explicó que esta esta tecnología “es factible” y se encuentra entre las muchas posibilidades que ofrece la TDT. Así, señaló que se podrían impulsar eventos de pago, mediante la aplicación de “simples lectores de tarjetas, muy sencillas”.
Según dijo, el Gobierno es consciente de que que esta modalidad ya se está experimentando en algunos países de la Unión Europea, si bien todavía no se ha recibido “ninguna petición”. No obstante, el Ministerio de Industria conoce el interés por parte de operadores españoles en que se considera la posibilidad de ofrecer eventos de pago. Entre estos últimos se encuentra Mediapro, cuyo presidente, Jaume Roures, que ha reclamado esta cuestión en diversas ocasiones.
“Puesto que la tecnología lo ofrece, si el resto de Europa también avanza en este sentido, creemos que en un momento futuro podría llegar la posibilidad de analizar esa situación para España”, destacó el responsable del Ministerio de Industria.
Dicho esto, Ros subrayó que las licencias de TDT están otorgadas, en la actualidad, para emitir en abierto y recordó que cuando los operadores deciden concursar y aceptan el permiso “saben en qué condiciones se ofrece, qué oportunidades tiene de salir adelante sus proyectos digitales y económicos”.
A partir de ahí, el secretario de Estado destacó que “los operadores pueden optar por seguir operando si ven que les resulta interesante y factible” y en el caso contrario, tienen la posibilidad de “devolver la licencia”.
Por otra parte, a preguntas de los periodistas, Ros indicó que la puesta en marcha de la televisión a través de telefonía móvil “ha quedado en suspenso”, en la presente legislatura al carecer de cobertura legal.
El responsable del Ministerio de Industria precisó que esta cuestión intentó introducirse a través de una disposición adicional en el proyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, que finalmente decayó durante el trámite parlamentario.