La AUI denuncia que la LMISI supondrá un veto a la libertad de expresión
La asociación exige que sean los jueces los que puedan interrumpir la prestación de un servicio o la retirada de determinados contenidos.
La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LMISI) supondrá “un veto a la libertad de expresión y una censura a la hora de acceder a contenidos”, según manifiesta la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), que no descarta emprender acciones legales.
Tras la consulta pública que realizada el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) sobre el borrador de la LMISI, el ministro Joan Clos se ha pronunciado desoyendo las peticiones realizadas por el Consejo Asesor de Telecomunicaciones (del que la AUI es miembro).
Según esta asociación, la Administración ha “hecho oídos sordos” a la petición de usuarios y profesionales de que sean los jueces los que puedan interrumpir la prestación de un servicio o la retirada de determinados contenidos.
El presidente de la AUI, Miguel Pérez Subías, advertía que si la ley se aprobaba~~tal y como estaba redactada actualmente, “se puede caer en situaciones como las recientemente acontecidas en China”. Pérez indicó que la ley no deja claro quiénes son los órganos competentes para cumplir este fin: “¿Los alcaldes, la policía, las sociedades gestoras de derechos de la propiedad, el Gobierno?”.
La asociación mostró su desacuerdo ante la idea de otorgar responsabilidad al proveedor de un enlace o motor de búsqueda de los contenidos de los que tiene conocimiento porque han sido elaborados bajo su control. La AUI recuerda que esta medida está en contra de la Internet 2.0 de los espacios públicos de los usuarios. “Internet es dinámico, cambiante, ¿por qué si alguien pone un link en mi blog a otra página tengo que ser yo responsable de los contenidos de esta página, si estos pueden cambiar cada minuto? añadió.
La AUI considera “un error” legislar competencias restrictivas de la libertad de expresión e información, cuando “la Constitución Española legisla lo contrario”, subraya Pérez. “Sólo los jueces pueden secuestrar una publicación” añade.