La AUI reclama que se eliminen las penalizaciones en los contratos ADSL

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La asociación pide al Gobierno que los ISP no cobren extras económicos cuando se rescinde o cancela un contrato de acceso a banda ancha.

La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) ha reclamado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que adopte las “medidas necesarias” para que los proveedores de servicios de Internet (ISP) no puedan cobrar cantidades adicionales a la cuota mensual del ADSL en caso de cancelación, rescisión de contrato, cambio de compañía o de domicilio del usuario.

En un escrito remitido por su presidente, Miguel Pérez Subías, al secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, la asociación también reclama “elementos regulatorios y legales” para que los internautas puedan cambiar de proveedor cuando quieran y sin que “afecte al servicio contratado”.

Para la AUI, Industria debería habilitar mecanismos para que, en los casos en que el servicio originario y el pretendido sean “de las mismas características”, el cambio sólo requiera de una comunicación del usuario a su nuevo ISP, ya que, “en muchos casos”, se trata de una “reasignación de direcciones IP que puede resolverse de forma automatizada e instantánea”.

En la misma línea de fomentar la “competencia real” en el mercado español de banda ancha, con el objetivo último de conseguir “una mejora sustancial en la calidad” de los servicios, Pérez Subías pide en su escrito a Ros que los ISP puedan cambiar de operador mayorista y modalidad de acceso sin que sus clientes “se vean afectados” por dicho motivo.

La Asociación de Usuarios de Internet, que ya presentó alguna de estas reivindicaciones en junio del año pasado ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que se declaró incompetente, argumenta que muchos contratos actuales incluyen cláusulas “que obligan a renovaciones automáticas por periodos mínimos”, normalmente de un año.

Esto provoca que el internauta que decida cambiar de ISP o, incluso, cambiar de domicilio, pueda verse privado de su servicio de acceso a la Red por banda ancha “durante un tiempo indeterminado”, lo que, en opinión de la AUI, supone “una limitación para la competencia”, al suponer el cambio de proveedor “un coste muy alto” para el usuario o el ISP minorista.