La CE aplaza la revisión de la normativa sobre comunicaciones electrónicas

Regulación

La Comisión supervisa diferentes aspectos de este tipo de mercado, tales como la seguridad jurídica de los prestatarios de los servicios.

La Comisión Europea ha anunciado que aplaza hasta finales del año próximo la primera revisión de la normativa sobre mercados de comunicaciones electrónicas que adoptó en 2003, al considerar “más realista” dejar un intervalo de dos años para evaluar su aplicación.

En concreto, ha señalado que Bélgica, Francia, Alemania, Grecia y Luxemburgo todavía no han transpuesto esta normativa y que los países que ya lo han hecho no han tenido la posibilidad de realizar los análisis necesarios. Asimismo, la evolución de estos mercados no ha sido lo “bastante rápida” y por tanto, tampoco justifica un examen precoz, en opinión de la Comisión. Además, el hecho de que iniciar una revisión implicaría una larga suspensión de los programas de trabajo de los reguladores nacionales también persuadió al Ejecutivo comunitario a realizar dicha supervisión.

El 12 de febrero de 2003, la Comisión Europea aprobó una recomendación que clasificaba los mercados de las comunicaciones electrónicas susceptibles de someterse a una reglamentación “ex ante” por parte de las autoridades nacionales. De manera periódica, la Comisión suele proceder al examen de estas reglamentaciones, que en este caso aplaza hasta finales de 2005.

Las autoridades de los Estados miembros debían analizar cada uno de los doce mercados enumerados en la recomendación, caso del de acceso a redes de datos mediante banda ancha al por mayor o los servicios telefónicos locales disponibles al público. Si alguno o varios de los operadores detentaban un poder significativo sobre el mercado, debían imponerle al menos, una obligación reglamentaria.

La Comisión en sus exámenes periódicos se dedica a supervisar diferentes aspectos de los mercados, como el ritmo de evolución, los tiempos necesarios para que los reguladores nacionales realicen los análisis del mercado, la necesidad de garantizar la continuidad de las políticas reglamentarias o la seguridad jurídica de los prestatarios de los servicios.

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