La Comisión Europea quiere abaratar las llamadas internacionales desde móviles

Regulación

La Comisión Europea quiere reducir entre un 40 por ciento y un 60 por ciento el coste del uso del teléfono móvil en el extranjero, el denominado roaming o itinerancia.

Mediante un reglamento que introducirá el principio del precio del país de origen, según el cual un usuario que viaje al extranjero dentro de la UE abonaría siempre las tarifas que habitualmente paga en su país de residencia.

La comisaria de Sociedad de la Información, Viviane Reding, consideró “inaceptables” los “altos precios” que pagan ahora los consumidores por este concepto. Las compañías telefónicas ingresan 10.000 millones de euros anuales en toda la UE por roaming, cifra que supone entre el 6 y 7 por ciento de su volumen de negocios.

Según los datos de la página web sobre roaming del Ejecutivo comunitario, que ha recibido ya un millón de visitas, en los últimos seis meses los precios de estos servicios no sólo no han bajado, sino que en algunos casos incluso se han incrementado, como en España. “Los precios de la itinerancia para los consumidores españoles han subido en términos generales. El ejemplo más llamativo es el de un usuario español que use su móvil en Letonia, donde un operador (Vodafone) ha subido su tarifa de 7,20 a 8,35”, destacó la comisaria Reding.

Por una llamada de cuatro minutos, los precios de la itinerancia pueden variar desde los 0,20 euros pagados por un usuario finlandés que llame a su país desde Suecia, a los 13,05 euros de la llamada de un usuario maltés en Letonia. En España, la horquilla varía entre los 8,35 euros del turista español en Letonia hasta los 3,39 euros, que es la tarifa estándar que cobra Amena en los países de la UE.

Reding lamentó que los operadores hayan desoído sus continuos avisos para que recorten los precios, y dijo que no se quedará “de brazos cruzados”. “La UE tiene la responsabilidad de garantizar que los beneficios del mercado interior lleguen también al nivel de los consumidores”, apostilló. “Es inaceptable que se castigue a los usuarios en su factura telefónica simplemente por cruzar una frontera de la UE”.

Por todo ello, la Comisión presentará en junio su propuesta final de reglamento para forzar la disminución del precio de las llamadas en el extranjero basándose en los principios del mercado interior. La responsable de Sociedad de la Información adelantó algunos de los rasgos fundamentales que tendrá esta norma, que espera que pueda entrar en vigor en verano de 2007.

En primer lugar, el reglamento se ocupará de las tarifas al por mayor porque los precios que cobran unos operadores a otros “no están justificadas de ninguna manera por el coste real de suministrar cobertura a los clientes de una compañía extranjera”. “El primer objetivo de la propuesta será por tanto reducir estas tarifas interoperadores”, dijo Reding.

No obstante, la comisaria señaló que para garantizar que los ahorros obtenidos por los operadores al por mayor repercutan positivamente en el usuario, se regulará también el nivel al por menor. En concreto, el nuevo reglamento eliminará toda tarifa de itinerancia por las llamadas recibidas al viajar al extranjero dentro de la UE. En la actualidad, el precio medio de una llamada de 4 minutos recibida en el extranjero es de 4 euros, pero su coste real no pasa de uno o dos céntimos.

Asimismo, se introducirá el principio del precio del país de origen, según el cual un usuario que viaje al extranjero dentro de la UE pagaría siempre los precios que habitualmente paga en su país de residencia: la tarifa local si hace una llamada local (por ejemplo, un español que viaja a París y llama allí a un taxi) o la tarifa normal internacional si llama a otros destinos de la UE (por ejemplo, si llama a casa estando de vacaciones.

Partiendo de este proyecto de reglamento, el Ejecutivo comunitario abrirá un nuevo periodo de consulta entre el 3 y el 28 de abril, y simultáneamente realizará un análisis de impacto. En junio se presentará el texto final, que tiene que ser ratificado por los Veinticinco y por el Parlamento. La comisaria se mostró convencida de que contará con el respaldo de todos los Estados miembros porque el Consejo Europeo destacó el pasado 24 de marzo “la importancia de la competitividad a la hora de reducir las tarifas de itinerancia”.

Junto a la comisaria compareció el presidente del Grupo Regulador Europeo (ERG, en sus siglas en inglés), Kip Meek, que explicó que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) es el único regulador europeo que se opone a fijar un tope a las tarifas por roaming que cobran las compañías de teléfono móvil a operadores de otros países.

España es uno de los países de la UE donde los operadores obtienen más beneficios por la itinerancia por el gran número de turistas, y las compañías españolas podrían ser las más perjudicados por la norma que prepara la Comisión para bajar el precio del uso del móvil en el extranjero.

Meek explicó que el Grupo Regulador Europeo ha presentado una propuesta al Ejecutivo comunitario que consistiría en fijar un tope a las tarifas al por mayor tras constatar la existencia de “problemas particulares” en este mercado porque no hay “herramientas normales” que permitan la competencia entre operadores.

“En este contexto, la regulación de los precios al por mayor tiene una importancia crucial”, dijo. Los reguladores europeos se muestran más cautos a la hora de fijar normas para la venta minorista, y abogan simplemente por establecer mecanismos para garantizar que los recortes en las tarifas al por mayor se repercutan en los usuarios finales.

No obstante, esta propuesta no cuenta con el respaldo de España, que presentó a la Comisión un texto alternativo. “24 de los 25 miembros del ERG contribuyeron a esta propuesta para la comisaria (de Sociedad de la Información, Viviane) Reding. El regulador español no está incluido. No conseguimos llegar a un acuerdo con el regulador español”, dijo.

Fuentes del ERG explicaron que el regulador español aboga por fijar un tope solamente a los precios que pagan los consumidores finales y no a las tarifas que cobran unas operadoras a otras por el uso de sus redes en el extranjero, aunque no quisieron dar más detalles sobre los argumentos de la CMT.

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