La Eurocámara quiere evitar penas para los intercambios particulares en la Red
Aunque para algunos expertos la redacción del proyecto de directiva es ambigua, en la actualidad ni en España ni en Francia se persigue penalmente al consumidor.
El Parlamento Europeo aprobó un controvertido proyecto de directiva (PDF) que prevé sanciones penales para los delitos contra la propiedad intelectual, pero lo enmendó para excluir de su campo de aplicación las actividades “no lucrativas”.
El ponente del informe parlamentario, el socialista italiano Nicola Zingaretti, aseguró en rueda de prensa que este ajuste evita que de la norma se deriven penas contra actividades particulares como las descargas de música o películas desde Internet (Enmienda número 13).
Sin embargo, otros parlamentarios, como Ignasi Guardans (CiU) o David Hammerstein (Los Verdes), consideraron que la redacción del texto es ambigua y no permite descartar esa posibilidad.
La diferencia de criterio se reflejó en el voto de la directiva, aprobada por 374 votos a favor, en su mayoría de los grupos Partido Popular Europeo y Socialista, 278 en contra y 17 abstenciones.
El proyecto, que debe conseguir ahora el acuerdo del Consejo de la UE, Estados miembros, busca que todos los países del área prevean en sus legislaciones penas de hasta 300.000 euros de multa y cuatro años de prisión para los delitos graves contra la propiedad intelectual, la piratería y las falsificaciones.
Estas actividades, que se ceban particularmente sobre sectores como el de los productos culturales, el software, el textil o los perfumes, hacen perder a las empresas en la UE entre 45.000 y 65.000 millones de euros anuales, según datos de la patronal europea.
Al aprobar el texto, la Eurocámara introdujo enmiendas que excluyen de su campo de aplicación los conflictos empresariales sobre patentes industriales, al entender que deben dirimirse por lo civil y no a través del código penal.
Asimismo, especificó que la directiva se aplicará sólo a las violaciones de la propiedad intelectual que busquen “conseguir ventajas comerciales, con exclusión de los actos efectuados por usuarios privados con fines personales y no lucrativos”.
Los grupos PPE y Socialista consideraron que esta puntualización basta para prevenir la posibilidad de que la norma sirva para decidir penas de cárcel contra usuarios de Internet que descargan películas o música desde programas como el EMule, riesgo del que habían advertido organizaciones de consumidores.
Sin embargo, tras la votación, Guardans consideró que la redacción del texto sigue siendo confusa y “no da garantías para el ciudadano particular”.
“Luchar contra la piratería, sí. Pero extender esto a cuestiones que nunca han salido del ámbito civil en los Estados Miembros no tiene sentido”, afirmó el parlamentario de CiU, que subrayó que en España o Francia, la Fiscalía ha aclarado “que al consumidor particular no se le persigue penalmente”.