La ley prevé obligar a la Administración a reconocer los estándares abiertos
Las administraciones utilizarán estándares libres y sistemas que los ciudadanos usen de forma generalizada, para evitar imponer al usuario un determinado programa.
Los ciudadanos podrán utilizar los programas y el software que deseen en sus trámites electrónicos con las Administraciones Públicas, tal como aprobó la Comisión de Administraciones Públicas en su votación del proyecto de Ley para el acceso electrónico a las administraciones (LAECAP).
Ésta es una de las principales novedades que incluye este proyecto de Ley, después de que la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso aprobase el dictamen de este proyecto, que pasa ahora al Senado. Además, da respuesta a la demanda de varios colectivos de usuarios que exigían estos cambios en la ley.
El dictamen contó con los votos favorables de todos los partidos excepto de CiU, que votó contra la parte relativa a las competencias autonómicas y se abstuvo en el resto, y del PP, que se opuso a algunos aspectos relacionados con los estándares libres, por los que los ciudadanos podrán utilizar el programa que deseen para sus trámites telemáticos con la Administración.
La diputada socialista Lourdes Muñoz explicó que con el uso de estándares libres se pretende que no haya discriminación hacia el usuario que elija un software libre y así evitar los monopolios de las principales compañías informáticas.
Por ello, las administraciones utilizarán estándares libres y, cuando no les sea posible, tendrán sistemas que los ciudadanos usen de forma generalizada, para evitar imponer al usuario un determinado programa.
La futura ley prevé también que las tres administraciones tendrán que garantizar la “interoperabilidad” entre los sistemas que manejen, de modo que las gestiones que se hagan en un ámbito sean comprensibles y válidas en otro. Para ello, explicó el director general de Modernización Administrativa, Juan Miguel Márquez, se creará un “esquema Nacional de Interoperabilidad”
Además, la futura ley incluirá una definición del estándar abierto, algo que, en el conjunto de la legislación europea , sólo Francia ha hecho con anterioridad.
Así, en el apartado de las definiciones, se introduce un punto sobre estándar libre como aquel que “sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso”, y asimismo, “su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial”. Otra de las novedades es la creación de la figura del Defensor del Usuario de la Administración Electrónica , que velará por el cumplimiento de los derechos que la ley reconoce a los ciudadanos .