La piratería española se enfrenta a nuevas medidas

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Las empresas informáticas del país emprendieron 224 acciones legales contra programas de origen dudoso desde enero hasta septiembre.

Las empresas informáticas españolas, agrupadas en la Business Software Alliance (BSA), han realizado un total de 224 acciones legales durante los nueve primeros meses del año contra compañías españolas que presuntamente atentan contra la propiedad intelectual del software, según informa en un comunicado la propia BSA.

La asociación ha explicado que la mayoría de los casos referenciados corresponden a acciones extrajudiciales contra compañías que pudieran estar distribuyendo o utilizando programas informáticos de origen ilegal.

Asimismo, durante el transcurso de los primeros nueve meses de 2004, la BSA ha interpuesto seis demandas contra otras tantas sociedades, que se han saldado con cinco registros o inspecciones judiciales, todas ellas por vía civil.

La asociación también ha apuntado que con la reforma del Código Penal “las fuerzas policiales pueden actuar de oficio en infracciones de derechos de autor, sin la necesidad de contar con una denuncia previa realizada por el titular de los derechos de autor”, lo que se traduce en un “incremento en la persecución de estos delitos que, junto con el aumento del nivel de las sanciones, generará un mayor efecto disuasivo entre los infractores de los derechos de autor, que ahora tienen un falso sentimiento de impunidad”.

Según estimaciones de las empresas miembros del comité español de BSA, la piratería dentro del canal tiene una cuota del 40-45 por ciento, “impensable” en Europa. Durante los nueve primeros meses del año, y sólo en este sector, la asociación ha remitido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad un total de 51 casos para su correspondiente investigación y persecución.

Con el propósito de rebajar los porcentajes de piratería de software dentro del canal de distribución, la BSA contactará durante los próximos meses con los principales mayoristas y distribuidores del país con el fin de llegar a acuerdos de colaboración y acción conjunta que fomenten las buenas prácticas en el sector.

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