Nueva sentencia niega la existencia de delito en las modificaciones a consolas

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Una nueva resolución judicial ampara a aquellos que modifican sus consolas. En este caso se trata de la Audiencia Provincial de Zaragoza que desestima un recurso interpuesto por aDeSe contra la absolución de los propietarios de diversos establecimientos que se dedicaban a modificar videoconsolas, a quienes había acusado de delitos contra la propiedad intelectual en 2007.

Se trataba de las tiendas Hobby Juegos, Quinta Dimensión Virtual y Videojuegos Star Games, locales en los que se realizó una redada hace cinco años.

El origen estuvo en un cliente que compró una PSP de segunda mano que no funcionaba correctamente, descubriéndose más tarde que había sido manipulada para eliminar los bloqueos anticopia de los videojuegos. La consola portátil de la oferta tenía instalados en su memoria cinco títulos que no eran copias originales. El cliente lo denunció ante la Policía y esta informó a aDeSe que se personó en la causa.

En el juicio se emitió una sentencia condenatoria pactada sobre uno de los acusados por un año de prisión y multa de 1.000€ más indemnización de 450€ a aDeSe. Otros dos acusados fueron condenados a multa de 360€ e indemnización al comprador de la PSP con 290€ mientras que los demás acusados resultaron absueltos.

Ahora la Audiencia tiene en cuanta respecto de los condenados que el empleo de los chips que se incorporan a las consolas , y que permiten utilizar videojuegos no originales, permiten realizar también otras aplicaciones legales, al mismo tiempo que señala que en el mismo informe pericial del primer juicio no pudo determinarse con respecto a algunos ficheros si procedía de copias autorizadas o no.

Entre otros efectos exime de la indemnización al comprador de la PSP por falta de legitimación procesal activa (no ser parte del proceso, denunció ante la Policía pero no se ha personado en el procedimiento penal) además de criticar que el juez instructor de la causa original aplicó el artículo del Código Penal referido a las faltas contra el patrimonio en lugar del que se refiere en concreto a la supresión de las medidas anticopia de los dispositivos electrónicos, vulnerando el principio de legalidad. ─[El Mundo]

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