Telefónica augura que UMTS tardará dos años en alcanzar a GSM

Movilidad

Para Ericsson, el principal problema de la 3G en España son las dificultades para instalar antenas, debido a la “desproporcionada alarma social” que se ha generado.

El consejero delegado de Telefónica Móviles España, Javier Aguilera, ha manifestado que la tercera generación de telefonía móvil (UMTS) tardará dos o tres años en alcanzar las mismas condiciones que disfruta actualmente el mercado la segunda generación (GSM), aunque ha precisado que el mercado “digerirá” la nueva tecnología sin dificultad.

Aguilera también ha admitido que en los próximos meses las operadoras de móvil que ya han lanzado servicios de UMTS recibirán “multitud de críticas, tales como los terminales son grandes, la cobertura no es buena, la batería dura poco”, o el hecho de no poder realizar videoconferencias si el cliente está ubicado dentro de un edificio.

En este sentido, el directivo ha recordado que este tipo de problemas ya se vivieron cuando se introdujo la tecnología GSM, aunque ha mostrado su confianza en que el mercado sabrá digerir la nueva tecnología en menos tiempo del que tardó con la segunda generación, unos cinco años.

Respecto a los nuevos servicios de UMTS anunciados ya por Telefónica Móviles y Vodafone, Aguilera ha declarado que los servicios de videotelefonía, que hasta ahora no han sido una realidad en el fijo, “serán un éxito” en esta tecnología y se convertirán en una práctica habitual “gracias al móvil”, que actuará como agente provocador.

Asimismo, Aguilera ha subrayado la importancia de la convivencia de tecnologías y el hecho de que las nuevas herramientas como ADSL o UMTS serán elementos fundamentales en el desarrollo de los próximos años y crearán un nuevo modelo social, aunque su impacto dependerá de la promoción que realicen los agentes.

Por su parte, el consejero delegado de Ericsson España, Ingemar Naeve, ha augurado que el principal problema de la tercera generación en España son las dificultades para instalar antenas, dado que es el país que mayores obstáculos plantea en Europa para el despliegue de estas infraestructuras, debido a la “desproporcionada alarma social” que se ha generado.

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