Uber tendrá conductores profesionales en España

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Uber propone un sistema que obligue a los conductores de los servicios de carsharing a disponer de una licencia VTC válida, cuya concesión sería más flexible.

Viendo que las autoridades españolas no están por la labor de permitir innovaciones en el sector del transporte, como quedó patente ayer en el caso de la Comunidad de Madrid, Uber se ha visto obligada a reconducir su estrategia en nuestro país. Así, ha anunciado la profesionalización de sus conductores para quedar dentro del marco de la legislación española.

Según El Confidencial, la compañía estadounidense, que lleva desde el año pasado suspendida en España, propone “crear una regulación única, en la que no existan limitaciones en el acceso a la actividad”. La idea de Uber es tener una actividad más profesionalizada, en la que sus conductores contarán con licencia y serán profesionales.

No obstante, Uber defiende la implementación de unas licencias más amplias y flexibles que las actuales. Para elllo, se compromete a negociar con las Administraciones Públicas españolas, de cara a “actualizar la regulación de transporte que regula las licencias de vehículos con conductor (VTC)”.

La regulación española actual, que la empresa californiana define como “una de las más restrictivas de Europa“, permite sólo una licencia VTC por cada 30 licencias de taxi y exige que todos los operadores de VTC operen con una flota mínima de siete vehículos.

Su propuesta de licencias consisitiría en un sistema que obligue a los conductores de los servicios de carsharing a disponer de una licencia válida y a enviar una solicitud a la plataforma para poder trabajar como conductor del servicio. Las compañías que acrediten a estos chóferes serían las encargadas de verificar su documentación.

Con este sistema, Uber considera que se podría “ayudar a mejorar la movilidad en las ciudades e incrementar el empleo a corto plazo”. Concretamente, opina que se pueden generar más de 30.000 nuevos empleos, lo que sería una solución para muchos de los desempleados españoles y, a la vez, generar un impacto económico positivo para el Estado español de hasta 650 millones de euros anuales, en concepto de reducción de subsidios al desempleo, políticas de empleo y recaudación fiscal. Sin contar con la mejora de la seguridad para el cliente.

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