La UE investigará la brecha de seguridad en Uber

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Entre los 57 millones de cuentas expuestas habría información de ciudadanos de Reino Unido, según han confirmado las autoridades de este país.

Esta misma semana se conocía que dos hackers habían obtenido acceso a los datos personales de 57 millones de usuarios de Uber en octubre de 2016, pagando la compañía 100.000 dólares a los cibercriminales como rescate.

El alcance del nuevo escándalo de la firma de ridesharing, que se ha revelado en un esfuerzo por hacer borrón y cuenta nueva con el anterior modelo corporativo, ha llegado a las diversas entidades encargadas de la protección de los datos de los usuarios, más allá de Estados Unidos. Desde la Unión Europea se han hecho eco de la noticia, anunciando que hablarán sobre la brecha de seguridad en Uber en un encuentro la próxima semana.

En concreto, será el grupo de trabajo del artículo 29 o GT 29 el que abordará el tema en la reunión que tienen prevista para los días 28 y 29 de noviembre.

Las autoridades de protección de datos de la UE podrían, incluso, crear una fuerza de trabajo para analizar la exposición de la información vinculada a decenas de millones de cuentas. Como recuerda la agencia Reuters, aunque desde estos órganos no se pueden imponer sanciones, sí que pueden comandar este tipo de grupos de trabajo, de forma que se coordinen con las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de cada país.

Uno de los primeros en realizar este tipo de indagaciones podría ser Reino Unido. El ministro encargado de temas digitales en este país, Matt Hancock, ya ha confirmado que entre los afectados se encuentran usuarios británicos, aunque por el momento no se ha revelado el alcance exacto. En declaraciones ante el Parlamento, que recoge TechCrunch, Hancock ha explicado que están todavía verificando el impacto del incidente, descartando por el momento que tuviera su origen en el país.

El ministro británico ha explicado que no tienen “la suficiente confianza en los números que Uber nos ha dicho para hacerlos públicos”, lo que podría implicar cifras de afectados más elevadas de las manejadas por la empresa.

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