Después de varias semanas de tira y afloja entre Airbnb y el fiscal general de Nueva York, ambas partes han llegado a un acuerdo. El fiscal había pedido a la web de alojamientos entre particulares que proporcionara información sobre sus usuarios que actúan ilegalmente, al alquilar sus inmuebles por un periodo inferior a 30 días sin vivir en la propiedad.
Ahora, Airbnb y la Oficina del Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, han anunciado esta mañana que han llegado a un acuerdo en torno a la citación de la Fiscalía que solicitaba los registros de los anfitriones de Airbnb en Nueva York. La compañía dice que va a compartir datos del sistema principal, de acuerdo a lo solicitado, pero retirando toda la información relativa a la identificación personal, informa TechCrunch.
La empresa resume de esta manera el acuerdo “Airbnb proporcionará a la Procuraduría General datos anónimos acerca de nuestros anfitriones en Nueva York. Estos datos no incluyen nombres, direcciones u otra información de identificación personal”.
“La Oficina del Fiscal General tendrá un año para revisar los datos anónimos y recibir información de nuestra parte acerca de los alojamientos individuales que pueden ser objeto de mayor investigación. Creemos que la Procuraduría General se centrará en los grandes gestores de la propiedad corporativa y anfitriones que alquilan apartamentos fuera del mercado y perturban las comunidades. Ya hemos eliminado más de 2.000 anuncios en Nueva York y creemos que muchos de los anfitriones por los que la Procuraduría General está preocupada ya no forman parte de Airbnb”, concluyen desde la compañía.
Por su parte, la Oficina del Fiscal General manifestó: “Airbnb y la Oficina han trabajado incansablemente durante los últimos seis meses para llegar a un acuerdo que equilibre adecuadamente el compromiso del Fiscal General Schneiderman para proteger a los residentes y turistas de Nueva York de los hoteles ilegales, con las preocupaciones de Airbnb sobre la privacidad de miles de otros alojadores”. El acuerdo parece poner fin así al ida y vuelta legal entre Airbnb y el fiscal general, al menos por ahora.
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