En abril de 2015, la Comisión Europea denunció que las exenciones fiscales de las que Apple disfrutó en Irlanda durante una década fueron en realidad una ayuda estatal ilegal. Un año después, las autoridades europeas lo confirmaban y dictaminaban que la compañía californiana debía a Irlanda alrededor de 13.000 millones de euros en impuestos atrasados.
Comenzó entonces una segunda batalla legal. Irlanda no quería perder su condición de paraíso tecnológico -adquirida en gran medida a golpe de incentivo fiscal-, mientras Apple calificaba la decisión de “política antiestadounidense”. El gobierno irlandés afirmó que la Unión Europea se había extralimitado en su autoridad y no mostró intención de reclamar los impuestos atrasados, lo que le valió la denuncia de la Comisión ante el Tribunal de Justicia Europeo por el incumplimiento de la resolución de 2016.
Una batalla que entra en su fase final, en teoría, con el acuerdo entre Apple e Irlanda para pagar los 13.000 millones de euros que le exige Bruselas en concepto de beneficios fiscales ilegales. El Wall Street Journal informó hoy de que la empresa comenzará a abonar la deuda a principios del próximo año.
Paschal Donohoe, ministro de Finanzas de Irlanda, declaró que espera que Apple comience a canalizar dinero a un fondo de custodia durante el primer trimestre de 2018. Apple dará más información sobre el fondo, su gestión y el calendario de pagos en el próximo informe financiero de enero.
El acuerdo, no obstante, no garantiza que Apple vaya a pagar lo que debe. La empresa y el gobierno de Dublín seguirán apelando la decisión europea y el dinero se acumulará en un fondo de custodia hasta que sus apelaciones se resuelvan. De hecho, la negociación de los términos de ese fondo es lo que ha retrasado la recaudación, según Irlanda. Por su parte, la Comisión Europea ha advertido a Dublín que las acciones adoptadas contra Irlanda por no acatar el fallo de 2016 continuarán hasta que Apple abone los impuestos atrasados en su totalidad.
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