La presión social ante plataformas como Airbnb y HomeAway, a las que diversas organizaciones y negocios acusan de ser una causa directa del aumento de los precios del alquiler en Barcelona y la escasez de oferta, ha llevado al ayuntamiento de la ciudad condal a empezar a tomar medidas para tratar de regularizar la situación y frenar una supuesta nueva ‘burbuja inmobiliaria’.
Desde el ayuntamiento y plataformas ciudadanas se ha empezado a perseguir los pisos turísticos ilegales, que no cuentan con las licencias necesarias para ejercer la actividad, y por ahora se han cerrado 709 viviendas y se han abierto 2.943 expedientes. Pero aparte de esto, Barcelona ya indicó que publicitar estos alojamientos sin licencia en plataformas online supondría la aplicación de multas de 30.000 a 600.000 euros.
Si bien varias empresas han obedecido al ayuntamiento y eliminado de sus plataformas online los alojamientos que no cumplían la normativa, otras muchas compañías no lo han hecho, por lo que se ha abierto expediente sancionadores de 30.000 a nueve de ellas. Las otras dos plataformas más grandes, Airbnb y HomeAway, se enfrentan a un multa mucho mayor, 600.000 euros, cifra máxima definida por una infracción muy grave dada su reincidencia, volumen de negocio y posición dominante en el mercado.
Tanto Airbnb como HomeAway han anunciado que recurrirán las sanciones impuestas por el ayuntamiento de Barcelona, y han expresado su buena disposición para tratar de llegar a una solución trabajando de forma conjunta.
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