La Comisión Europea ratificó que no extenderá la obligación de servicio universal a la telefonía móvil y a las conexiones de Internet de alta velocidad, al mismo tiempo que aseguró que tanto las empresas como los usuarios apoyan esta tesis y consideran que es mejor dejar el suministro de este servicio en manos de la empresa privada.
Según el informe elaborado por el Ejecutivo comunitario con los resultados de una consulta pública, los consumidores se benefician ya, a precios abordables, de un acceso generalizado a las comunicaciones móviles en sus países de origen y, hasta ahora, sólo una minoría dispone de conexiones de Internet de alta velocidad.
El coste de una extensión de las obligaciones de servicio universal a ambos sectores excedería, en consecuencia, los beneficios para los consumidores.
“Este estudio refleja un acuerdo general de las partes sobre el hecho de que es preferible dejar al mercado el suministro de servicios móviles y de un acceso a Internet de alta velocidad, salvo si existen problemas estructurales, como la lejanía geográfica, que justifiquen inversiones públicas específicas para colmar la brecha existente en cuanto a la banda ancha”, declaró la comisaria de Sociedad de la Información, Viviane Reding.
El Ejecutivo comunitario recibió en el marco de la consulta pública, que se realizó el año pasado, un total de 76 contribuciones procedentes de Gobiernos, reguladores, organizaciones de consumidores, operadores, fabricantes y particulares, entre otros.
Muchas de las respuestas insistían en que hacer obligatoria una tecnología específica en un paisaje tecnológico inmerso en rápidos cambios sería problemático, y que la extensión del alcance del servicio universal y su financiación podrían disuadir la competencia, obstaculizar la inversión y frenar la innovación.
Las organizaciones de consumidores especializadas en comunicaciones electrónicas respaldaron también a Bruselas en su intención de no extender el servicio universal, pero otros consumidores señalaron que los criterios de la Comisión eran demasiado restrictivos y pidieron que se ampliara esta obligación también a la telefonía móvil y a la banda ancha.
En la actualidad, el servicio universal en materia de comunicaciones electrónicas previsto en la legislación comunitaria cubre la conexión a la red de telefonía pública en una posición determinada y el acceso a los servicios telefónicos de banda estrecha.
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