El presidente del grupo de trabajo de la ONU encargado de acordar un texto sobre la gobernabilidad de Internet, el indio Nitin Desai, apostó el viernes por que el control de la Red, históricamente en manos de EEUU, tenga una “base más democrática, transparente y multilateral”.
Como propuesta de acuerdo para llevar a la próxima Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que tendrá lugar en Túnez entre el 16 y 18 de noviembre próximos, Desai ha presentado un texto en el que se reconoce que el corazón de la Red ha estado en manos de “un único Gobierno”, el estadounidense.
En Estados Unidos se gestó la red que se ha convertido en pocos años en una herramienta fundamental para el desarrollo y la comunicación de la inmensa mayoría de los países. “Apreciamos el modo en que esta tarea, la de gestionar el corazón de la Red, ha sido llevada a cabo y cómo se ha dado prioridad a la seguridad, la estabilidad y la continuidad de Internet”, apunta el texto propuesto.
Sin embargo, añade que se apuesta “por establecer una transición hacia un nuevo modelo de cooperación que ayude a implementar los principios de Ginebra en lo que respecta al rol de los gobiernos y de todos los agentes implicados”. Esos “principios de Ginebra” son los que se acordaron en la primera fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que tuvo lugar en la ciudad suiza en 2003, y entre los que se encuentran objetivos concretos para tratar de erradicar la llamada “brecha digital” entre países.
La creación del grupo de trabajo refleja las preocupaciones de varios países, entre ellos Brasil, la India, Sudáfrica y China, que reclaman que Internet deje de estar gestionada por EEUU y pase a depender de un organismo intergubernamental. Esos países consideran que Internet debería ser administrada a nivel nacional por los gobiernos y en el ámbito internacional por una organización intergubernamental como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente de la ONU.
Pero EEUU, entre otros, defiende el actual modelo comercial con el argumento principal de que su administración por los gobiernos podría resultar perjudicial para el libre flujo de informaciones y de opiniones.
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