El borrador del Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA), que varios países llevan dos años negociando en secreto, se ha hecho público, y muestra como objetivo claro ocuparse de las infracciones contra la propiedad intelectual a escala global.
En su lucha contra la piratería, el ACTA propone una estrategia nueva que busca implicar a los operadores de telecomunicaciones y los podría responsabilizar de las faltas cometidas por sus clientes. Frente a la inmunidad de la que gozan ahora las compañías proveedoras de Internet, el acuerdo indica que esta podría depender de su actitud e iniciativa a la hora de impedir que sus usuarios cometan delitos contra la propiedad intelectual.
Desde la Unión Europea se afirma que el acuerdo antipiratería “no va a significar en absoluto un recorte en las libertades civiles del consumidor”, y que será totalmente compatible con la legislación comunitaria.
Los países que forman parte desde hace dos años de las negociaciones del ACTA son Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, México, Canadá, Nueva Zelanda y la Comisión Europea; faltando en el acuerdo China y otros países en los que se producen la mayor parte de delitos contra la propiedad intelectual del mundo.
Los resultados de las reuniones se mantenían en el más absoluto secreto y al margen de instituciones como la Organización Internacional del Trabajo o la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual. Esta falta de transparencia ha sido criticada en muchas ocasiones, presiones que podrían estar detrás del hecho de que el borrador se haya hecho finalmente público.
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