Así lo señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a la diputada del Grupo Mixto María Olaia Fernández Dávila, sobre su posición en relación con la intervención de las Administraciones en el mercado de las Nuevas Tecnologías y, concretamente, sobre el uso libre del software.
El Gobierno argumenta que el principio de neutralidad tecnológica constituye una “buena base” para orientar una adecuada definición de políticas en este sector, “de tal manera que debería aplicarse en todos los ámbitos, desde las compras públicas al marco regulatorio”.
No obstante, asegura que este principio “no está en contradicción con que la Administración trate de aprovechar las oportunidades que para la innovación y el desarrollo de la Sociedad de la Información pueda ofrecer el modelo de software libre”.
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