El Plan de Extensión de Banda Ancha, cuya convocatoria se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla la concesión de ayudas a los operadores de telecomunicación dirigidas a financiar inversiones en infraestructuras y equipamiento que permitan extender la disponibilidad de telecomunicaciones de banda ancha en las zonas rurales y aisladas.
Esta iniciativa para el periodo 2005-2008 contempla una combinación de subvenciones y de créditos sin interés, a 10 años de amortización y tres de carencia, de un total de 146,3 millones de euros. En concreto, las subvenciones, dirigidas a las autonomías de menor renta (Objetivo FEDER 1), ascenderán a 26,3 millones de euros, y los créditos, para toda clase de comunidades autónomas, tendrán un valor de 120 millones de euros.
Las ayudas se regirán bajo el concepto de neutralidad tecnológica, con lo que no estarán condicionadas al despliegue de una solución tecnológica concreta, siendo los agentes, el mercado y las posibilidades que la tecnología ofrezca en cada caso los que determinen la solución más apropiada, según informó hoy el Departamento que dirige José Montilla.
Las autonomías en las que se aplicará el plan son: Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia, incluidas en el Objetivo 1 FEDER, por lo que contarán con cofinanciación de la Unión Europea a través del Programa Operativo FEDER Sociedad de la Información, y Aragón, Baleares, Cantabria y La Rioja.
Las comunidades autónomas y entidades locales, estas últimas representadas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), participarán junto con el Ministerio de Industria en el proceso de evaluación de los proyectos presentados para que estos se adecuen a las estrategias diseñadas por cada autonomía.
Según los estudios realizados para la puesta en marcha del programa, del total de los 8.108 municipios españoles, en 5.681 no es posible acceder a servicios de banda ancha en la totalidad o en parte de sus entidades de población, superando los tres millones de personas la población que no puede disponer de tales servicios. De los 3.580 en los que se aplicará esta iniciativa, 1.056 carecen de la posibilidad de tener estos servicios en condiciones asequibles en todo el término.
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