El Gobierno ha aprobado el marco normativo que regula la prestación del servicio universal de telecomunicaciones, el derecho de todos los ciudadanos a poder disfrutar a un precio asequible de teléfono, Internet o fax independientemente de la ubicación de su domicilio.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se encargará de supervisar los precios que Telefónica, operadora responsable hasta ahora de asumir el cumplimiento del servicio universal, cobra por los servicios de telecomunicaciones.
Anteriormente el precio estaba regulado por el llamado price cap, un mecanismo por el que la Comisión Delegada indicaba a Telefónica el porcentaje en que podía variar sus tarifas, aunque no hacía referencia a un plazo determinado. Ahora Telefónica deberá comunicar los cambios de precios del servicio universal con 21 días de antelación y, en caso de que no sean asequibles, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) podrá suspenderlos.
El acuerdo adoptado afecta a los servicios mínimos incluidos en el servicio universal, como la conexión a la red telefónica pública, que debe permitir el efectuar y recibir llamadas telefónicas, comunicación de fax y acceso a Internet.
La comisión ha acordado ampliar la cobertura del Plan de Abono Social -que supone una reducción del 70 por ciento en la cuota de alta y del 95 por ciento en la cuota de abono- a los ciudadanos que perciban una pensión privada, reconocida por decisión judicial, inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Asimismo, se mantienen los precios de los planes para las personas con discapacidad visual o auditiva y se insta a Telefónica a que comunique los precios que prevé aplicar al servicio universal y a que estas tarifas sean asequibles.
Por su parte, el presidente de Telefónica, César Alierta, se ha quejado en varias ocasiones por el hecho de que esta operadora sea la única obligada a sufragar el coste que supone ofrecer servicios de telecomunicaciones en determinadas circunstancias. Según sus cálculos, desde 1988 hasta 2005 sufragar en solitario el servicio universal ha costado a Telefónica cerca de 2.000 millones de euros.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones estudia desde hace unos meses la renovación de las normas que establecen esa obligación, una regulación que data de hace diez años, cuando todavía se hablaba sólo de servicios de voz.
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