España sigue apostando por el ladrillo y EE.UU. por las start-ups

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El Gobierno de Mariano Rajoy planea ofrecer la residencia a los extranjeros que compren una vivienda, mientras que el Congreso estadounidense estudia dársela a quienes creen empresas y puestos de trabajo de base tecnológica.

Estrategias para atraer riqueza

El Gobierno español ha recurrido a otros países para justificar la posible concesión de la residencia a quienes compren pisos de más de 160.000 euros. Sin embargo, basta repasar las leyes migratorias de nuestros vecinos europeos para observar que la mayoría otorga más importancia a la atracción de talento e inversiones que a la compra puntual de una vivienda.

Alemania suele ser el espejo en el que España se mira para casi todo. Pues bien, este país otorga la residencia con carácter extraordinario a quienes generan negocios que tienen efectos positivos sobre la economía germana y cuentan con una financiación garantizada. Por su parte, Francia ofrece la residencia a quienes realizan aportaciones económicas “excepcionales” –invirtiendo, al menos, 10 millones de euros- o contribuyen a salvar al menos 50 puestos de trabajo. Como se observa, ni rastro al tema inmobiliario.

Reino Unido también cuenta con un modelo migratorio muy orientado a la captación de talento y riqueza extranjera. Su sistema por puntos para obtener la residencia permanente privilegia a quienes invierten cantidades superiores a los 1,2 millones de euros o invierten algo más de 900.000 euros en bonos del Estado o en empresas instaladas en el país. Pero es que Irlanda y Portugal también incluyen en sus legislaciones migratorias este tipo de condiciones, algo que obvió el secretario de Estado de Comercio español, Jaime García-Legaz, cuando puso a estos países como ejemplos para justificar la iniciativa que sopesa el Ejecutivo de Rajoy.

De hecho, cuestiones inmobiliarias aparte, Portugal también concede la residencia temporal a quienes crean empresas y generan un mínimo de 30 puestos de trabajo o realizan transferencias de capital de más de un millón de euros durante un plazo mínimo de cinco años. Por su parte, el Programa del Inversor Inmigrante de Irlanda ofrece permisos de hasta cinco años para los emprendedores que tengan pensado invertir en un negocio entre 500.000 y dos millones de euros.

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