Ninguna de las comunidades autónomas alcanza el promedio europeo marcado por la “Estrategia de Lisboa” pactada por los miembros de la UE, que preveía dedicar el 1,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a investigación y desarrollo para 2005 y que situaba el gasto en I+D igual al 3 por ciento del PIB para 2010.
Madrid (1,82 por ciento del PIB), Navarra (1,67 por ciento), el País Vasco (1,48 por ciento) y Cataluña (1,35 por ciento) son las mejor situadas y las únicas que muestran importantes avances respecto a los datos del año 2000, según los datos del “Informe sobre la coyuntura económica” de Caixa Catalunya. Estas comunidades se sitúan al mismo nivel que Holanda, Reino Unido e Irlanda , aunque tampoco ninguna de ellas ha logrado alcanzar la cifra marcada por la UE.
Con todo, el estudio explica que las comunidades autónomas españolas presentan avances muy desiguales entre sí en cuanto a investigación. Aparte de las cuatro mencionadas, el resto de comunidades se encuentra en los niveles de avance más bajos de la Unión Europa, junto con Portugal y Grecia. En este sentido, Baleares (0,28 por ciento del PIB dedicado a I+D), Castilla-la Mancha (0,41 por ciento) y Cantabria (0,45 por ciento) son los casos más extremos del país.
Por otro lado, la “Estrategia de Lisboa” también situaba la financiación privada de la investigación en el 66 por ciento del total para el año 2010, y en 2005 España estaba ubicada en el vagón de cola europeo también en este aspecto, sólo por delante de Italia y Grecia. Sin embargo, por comunidades, el País Vasco -77,8 por ciento de investigación privada, la cifra más alta de la UE, por encima incluso de países como Suecia o Finlandia-, La Rioja (67,1 por ciento) y Navarra (66 por ciento) sí cumplen el objetivo comunitario en esta materia.
El informe concluye que España debe realizar un esfuerzo común superior y más equitativo para lograr la convergencia en términos de I+D o, en caso contrario, se podría aumentar la diferencia de potencial de las economías y minorar gravemente el progreso de las comunidades que no cumplan con la “Estrategia de Lisboa”.
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