La Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha señalado que
“respeta” la decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de
multar con 57 millones de euros a Telefónica por abuso de posición
dominante al haber puesto trabas a solicitudes de preasignación de los
usuarios, aunque considera “escandalosa” la negativa del organismo a
multar a otros operadores por irregularidades cometidas en contratos de
preasignación.
Facua recuerda que el TDC decidió el pasado mes de
diciembre desestimar un recurso presentado por Telefónica relativo a una
denuncia contra Auna y Uni2. Para justificar su decisión, el organismo
dependiente del Ministerio de Economía argumentó que “no han producido
perjuicio grave a la competencia” al no restarle una cuota de mercado
considerable, y obviando lo que Facua considera el “grave perjuicio”
causado a los derechos de los consumidores, “así como hechos de extrema
gravedad como la falsificación de firmas para simular solicitudes de
preasignación”.
Según la organización, los afectados no sólo
pagan sus llamadas a un operador que no desean, con las consiguientes
diferencias tarifarias, sino que incluso pueden estar abonando
doblemente las mismas si tienen contratados determinados planes con
Telefónica.
Facua denuncia, además, la “pasividad” mantenida por
el Gobierno ante estas “graves irregularidades”. De hecho, considera que
el Ejecutivo “tiene una parte importante de responsabilidad” en el
asunto, ya que los hechos se producen desde que, en julio de ese año, la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) emitió la Circular
1/2001, de 21 de junio, que prohíbe al operador de acceso (generalmente
Telefónica) comprobar la veracidad de cada una de las preasignaciones
solicitadas por cualquier compañía. Es decir, “cualquier operador puede
literalmente inventarse que un cliente ha decidido preasignarse con él
sin que Telefónica (o la compañía con la que esté preasignado en ese
momento) pueda exigir pruebas de ello”, aseguran las fuentes.
El
operador que pierde el cliente sólo puede comprobar la veracidad del 5
por ciento de las solicitudes de preasignación, “lo que permitiría la
existencia de irregularidades en un importante porcentaje de los casos”,
ultima la organización.
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