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La Generalitat de Cataluña, también contra Uber

Los problemas se multiplican para el servicio de transporte entre particulares Uber. Ayer el Ministerio de Fomento avisaba a los usuarios de este tipo de servicios de posibles multas. Como ya advertimos, en el caso de BlaBlaCar, resultaría difícil considerarlo transporte ilegal, puesto que los usuarios que comparten su vehículo no cobran una tarifa, sino una parte de los gastos de combustible y/o peaje. Pero el caso de Uber es diferente.

El ministerio habla de “plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares”, siempre que obtengan un beneficio por ello. Uber, que dispone del servicio Uber Pop, caería dentro de esta definición, y así lo entiende la Generalitat de Cataluña, que requerirá el cese inmediato de actividad de la aplicación por trasladar viajeros sin disponer de las autorizaciones pertinentes.

La Generalitat ha informado hoy en un comunicado de la apertura de un procedimiento sancionador contra Uber y los conductores que prestan servicios irregulares de transporte. La sanción puede llegar a los 6.000 euros e incluirá el precinto del vehículo. La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad afirma que Uber no dispone de ninguna autorización administrativa, por lo que vulnera la normativa de transporte de viajeros.

En una línea similar a la de Fomento, la Generalitat también informará de las actividades de la empresa y los transportistas particulares a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, con el fin de investigar “posibles contravenciones” de la normativa en materia fiscal o de derechos de los trabajadores, informa El País.

El aviso de que se tomarán medidas contra estos servicios por parte de las Administraciones precede a la manifestación que mañana miércoles han convocado en Madrid la Unión Nacional del Taxi, la Federación Española del Taxi y la Confederación del Taxi de España. Las asociaciones de taxistas exigen que se adopten medidas para impedir que empresas como Uber se establezcan a nivel nacional y que “se persigan y prohíban este tipo de prácticas”.

Juan Miguel Revilla

Periodista y profesor, ha ejercido como redactor y editor en medios de información política y cultural. Desde 2012 trabaja en el campo de las nuevas tecnologías. Actualmente es redactor de Itespresso.

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