Las presiones de las asociaciones del transporte de viajeros y del taxi han surtido efecto. El Ministerio de Fomento ha lanzado una amenaza a los usuarios de servicios de coches compartidos, como BlaBlaCar o Uber. Si no cuentan con una autorización para operar en el sector de transporte de viajeros, incurrirán en una “infracción muy grave”, que acarrerará multas de entre 401 y 600 euros.
Peor lo tendrán las empresas, páginas web o particulares que promuevan, oferten o presten estos servicios sin poseer dicha licencia. En ese caso, la multa irá de 4.001 a 6.000 euros, que aumentarán hasta los 18.000 euros si se produce reiteración, según informa ABC.
Para investigar la prestación de estos servicios, Fomento, en coordinación con las comunidades autónomas, realizará “todas las actuaciones de inspección y control precisas”. Asimismo, informará a las inspecciones de otros organismos como Trabajo o la Agencia Tributaria de los posibles incumplimientos que afecten a sus respectivas competencias “para asegurar el pleno cumplimiento de toda la legislación vigente”.
El ministerio que dirige Ana Pastor quiere atajar así el auge de servicios como BlaBlaCar o Uber, que ponen en contacto a los propietarios de un vehículo con posibles viajeros que vayan a realizar el mismo recorrido para compartir los gastos. Naturalmente, mantiene que el objetivo es “asegurar que el servicio que reciben los usuarios reúne las adecuadas condiciones de seguridad y calidad”.
No obstante, queda por ver si el uso de estos servicios puede tener la consideración de transporte ilegal, puesto que los usuarios que comparten su vehículo no cobran una remuneración ni una tarifa, sino una parte de los gastos de combustible y/o peajes. Otro caso sería el de las aplicaciones y webs que ponen en contacto a los usuarios. Una de ellas, Uber, ha sido autorizada a operar por la autoridad del transporte metropolitano de Londres, pero parece que la postura en España ante estos servicios es muy distinta.
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