Internet, la nueva garganta profunda

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El correo electrónico se ha convertido en protagonista de algunos de los últimos escándalos de corrupción, y la Red es también el lugar en el que los responsables públicos intentan demostrar su honradez a golpe de transparencia.

Strip tease fiscal

Si Internet se ha convertido en uno de los primeros lugares en los que buscar al presunto corrupto, el objetivo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es que la Red sea también el sitio más rápido para probar la honradez de la mayoría de los políticos. Y el primero en tratar de dar ejemplo ha sido él, publicando recientemente sus declaraciones de renta y patrimonio desde 2003 hasta 2011.

Este strep tease fiscal tuvo su origen en los papeles publicados por ‘El País’, teóricamente escritos por Luis Bárcenas, en los que aparecían entregas anuales a favor del presidente de 25.000 euros, presuntamente en dinero negro, desde 1999 hasta 2008. Su ejemplo ha sido seguido por los presidentes autonómicos de Baleares, Cataluña y Madrid, José Ramón Bouzá , Artus Mas e Ignacio González, respectivamente.

También la Casa Real ha recurrido a Internet para marcar distancias con Urdangarin. En primer lugar, eliminando de su web la sección personal del duque de Palma. Eso sí, lo hizo un año después de que el ex deportista hubiera sido imputado por el Caso Noós y coincidiendo con la publicación de varios correos en los que Urdangarin se despedía de su ex socio como el “duque em…Palma…do”, lo que también ha llevado al Ayuntamiento de la capital balear a cambiar el nombre de la calle Duques de Palma.

Tal ha sido el revuelo de los últimos meses, que Rajoy se ha visto obligado a modificar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada hace apenas ocho meses por el Consejo de Ministros y todavía en tramitación parlamentaria. De este modo, no solo los cargos públicos tendrán que publicar en Internet sus declaraciones tributarias, sino también los responsables de partidos políticos, sindicatos, patronal y entidades que se financien esencialmente con fondos públicos (lo que podría afectar a las fundaciones de los partidos y, tal vez, a la Casa Real, aunque Rajoy no la citó expresamente).

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