La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) no incluirá Internet en su regulación general sobre transmisión de contenidos a través de televisión, radio o satélite. EEUU presionaba desde noviembre para que se extendiesen al webcasting -emisiones online de vídeo y audio- las previsiones legales destinadas a evitar el robo de señal en los medios de comunicación tradicionales, pero este punto no contaba con el consenso de los miembros de la OMPI, que ayer decidieron regular este asunto en un texto aparte.
Rita Hayes, la directora general de la organización internacional, ha expresado ya su satisfacción por esta decisión, adoptada en la decimocuarta sesión del comité permanente de derechos de autor y derechos conexos de la OMPI. La cuestión constituía un punto de discordia en los trabajos preparatorios a la asamblea general de la OMPI, que se celebrará en Ginebra en septiembre próximo, y que examinará las cuestiones de la protección de las señales de transmisión y de la lucha contra la piratería.
En 2005, la asamblea general ya desaprobó la propuesta de Estados Unidos que pretendía proteger todos los derechos de las transmisiones audiovisuales, incluidas las efectuadas por Internet. En un principio, la norma que está discutiendo la OMPI protege las emisiones de radio, televisión y vídeo, que no podrán ser reproducidas por otros durante décadas. La propuesta estadounidense pretendía extender esa prohibición a Internet, de forma que estaría prohibido por ejemplo para un grupo de música reproducir en su web el vídeo de su actuación en una cadena de televisión sin el permiso de ésta.
Tras la última decisión del comité, los 183 países miembros de la OMPI deberán elaborar dos textos distintos, uno sobre obre “organismos de radiodifusión tradicionales” y otro sobre webcasting. “Esa diferenciación permitirá que la OMPI avance en el terreno de los medios más tradicionales, como la radio y la televisión, al tiempo que deberemos educar sobre las nuevas tecnologías puesto que muchos países necesitan saber más sobre ese tema”, explica Hayes.
El problema es que la OMPI no ha acordado si quiera una definición precisa del webcasting y que “los países tampoco saben qué derechos deben tener los productores que usan las nuevas tecnologías y cómo regularlos”. Otra dificultad concierne al tiempo de vigencia de esos derechos, ya que algunos países proponen que los productores de los contenidos tengan los derechos sobre la señal transmitida durante cincuenta años y otros sobre veinte.
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