Mañana la Agencia Española de Protección de Datos y Google se verán las caras en los juzgados. A un lado, la defensa de la dignidad personal, y al otro, la de la libertad de expresión en Internet.
La asociación española ha pedido a la compañía que retire de su motor de búsquedas 90 artículos que se habrían calificado de “difamatorios” y que se habrían publicado en su mayoría en boletines oficiales.
Sin embargo, Google no ve con buenos ojos estas demandas, a las que apunta como “censura”. Los de Mountain View ya habrían recurrido, de hecho, la mayor parte de las resoluciones del organismo de privacidad ante la Audiencia Nacional.
La firma de la gran G se ha reiterado en que los contenidos no son responsabilidad suya directa y que la solicitud de la AEPD atenta contra la libertad de expresión en la Red. Además, según informa el País (una de las informaciones a las que alude la agencia fue publicada en la versión onlin del diario), Google habría manifestado que no puede eliminar los contenidos mostrados en el BOE y algunos boletines regionales, dado que las informaciones se alojan en sites de terceros de acceso público.
Peter Barton, director de relaciones externas de Google, lo ha explicado así: “Las leyes españolas y comunitarias consideran que quien publica un material se convierte en responsable de su contenido. Los intermediarios, como los buscadores, no pueden censurar el material publicado porque esto supondrían un efecto paralizante en la libertad”.
Por su parte, desde la AEPD han señalado que en ningún caso persiguen censurar, sino proteger la privacidad del usuario. Artemi Rallo, presidente de la agencia, cree que en muchas ocasiones los boletines proporcionan demasiada información personal, como el nombre, la dirección física o el DNI, y compañías como Google deberían dar “una respuesta tecnológica para garantizar los derechos de los ciudadanos” en lugar de actuar como cómplices de estas vulneraciones.
Este no será el único litigio por el que ambas partes se enfrenten en los tribunales españoles. Aún queda por dirimir, entre otros, el asunto de la captura de datos de redes WiFi por parte de los vehículos de Street View.
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