La APD impuso en 2005 multas por valor de 20 millones de euros

Empresas

La Agencia Española de Protección de Datos considera que la infracción más importante es el tratamiento de datos sin consentimiento de los particulares.

La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto en 2005 sanciones por un importe de veinte millones de euros a empresas e instituciones que violaron la Ley Orgánica que regula estas operaciones y ejecutó 800 operaciones diarias entre inscripciones, modificaciones o cancelaciones.

“La protección de datos ni es tan cara ni tan difícil como quieren hacer ver algunos”, declara el director de la entidad, José Luis Piñar, quien incide en que la Agencia tiene a disposición de las empresas programas de ayuda para facilitarles el trabajo.

Además, la Agencia lleva a cabo un proyecto de simplificación de los ficheros, “con una mayor concienciación por parte de las Cámaras de Comercio y los Colegios de Abogados para facilitar al máximo este trabajo”.

Piñar también ha explicado que la infracción más importante es el tratamiento de datos sin consentimiento de los particulares, al tiempo que añade que la infracción se convierte en “muy grave” cuando se refiere a datos especialmente protegidos, como son los de salud, afiliación sindical, religión, creencias o ideas políticas.

Asimismo, el director de la Agencia ha aludido a los sectores de actividad en los que más infracciones se cometen, declarando que “son los que tienen que ver con las empresas que más volumen de datos manejan”, es decir, los relacionados con telecomunicaciones, mercadotecnia directa, aseguradoras y sector financiero, entre otros.

Respecto al desconocimiento de los derechos de los usuarios, subraya que, en la actualidad, más del 80 por ciento de los correos electrónicos son no deseados, por lo que “el ciudadano tiene que ser consciente de este problema” y recuerda que la Agencia ha elaborado una guía para los usuarios y que en la página Web hay una sección dirigida a estos.

En relación al grado de cumplimiento de esta legislación, concluye que “todavía queda mucho por hacer y muchísimo impulso pendiente”, aunque distingue entre las grandes instituciones y empresas y las pymes, ya que en las primeras el cumplimiento es “muy aceptable”.

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