La APD tramita ya expedientes sancionadores contra compañías españolas
Según la asociación, empresas e instituciones de nuestro país han asumido ya la importancia de la protección de datos y de los e-mail comerciales no solicitados.
La Agencia Española de Protección de Datos (APD) tramita en la actualidad expedientes sancionadores contra compañías españolas que envían correos electrónicos comerciales no solicitados, popularmente conocidos como spam, aunque todavía no se ha producido en nuestro país ninguna multa por esta infracción.
El presidente de la APD, José Luis Piñar, ha explicado, tras comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que “ya hay iniciados algunos expedientes” sancionadores contra emisores de spam, aunque ha apuntado que “todavía están en trámite de instrucción”, puesto que la agencia asumió estas competencias “hace poco” (2003).
Piñar se ha referido a las dificultades de perseguir esta práctica debido al carácter “transfronterizo” de Internet. No obstante, ha incidido en la importancia de seguir trabajando y “fijando líneas de colaboración” con autoridades nacionales de todo el mundo, potenciando el intercambio de información, a pesar de que “a veces es imposible”.
En ese sentido, ha destacado la importancia de la reunión celebrada el pasado 11 de octubre en Londres, bajo los auspicios de la OCDE, donde participaron responsables de la aplicación y ejecución de las normas anti-spam de 15 diferentes países de los cinco continentes, y sectores industriales implicados.
Fruto de esta reunión fue la adopción de un acuerdo por el que 19 autoridades inician un Plan de Acción conjunto (London Action Plan on Spam), consistente en actuaciones muy directas (designación de puntos de contacto, comunicaciones periódicas entre países, intercambio de experiencias y problemas, etc.) que permitan establecer cauces fluidos de comunicación y cooperar mutuamente en la lucha contra este problema.
Piñar también ha explicado que empresas e instituciones españolas han asumido ya la importancia de la protección de datos junto con el compromiso de “desplegar una cultura de seguridad relacionada para que los ciudadanos conozcan sus derechos”.