La CLI se planta ante la receta electrónica
La Comisión de Libertades subraya la posibilidad de que se vulneren los derechos de las personas dado el tratamiento que se hace de sus~datos relativos a la salud.
Un dictamen previo de la Agencia Autonómica de Protección de Datos o, en su defecto, de la Agencia Española, ha exigido la Comisión de Libertades e Informática (CLI), al ver con preocupación la sucesiva puesta en marcha de proyectos piloto de recetas electrónicas en diferentes Autonomías.
La alerta de la Comisión surge ante la información dada por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos (COFM), en la que han señalado que se firmó un convenio para poner en marcha este mes un nuevo proyecto piloto de receta electrónica.
Según la CLI, existe “la posibilidad de que estos proyectos conlleven una vulneración de los derechos de las personas por el nuevo tratamiento que se hace de sus datos de carácter personal relativos a la salud”.
La Comisión subraya que, en este nuevo tratamiento que se le dará a la información, debe advertírsele al paciente qué datos se van a manejar, la finalidad de su tratamiento, quiénes van a acceder a dichos datos, quién es el responsable de custodiarlos, cómo están establecidas las medidas de seguridad, así como de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Y advirtió, además, que “el archivo digital de recetas puede vulnerar el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de los datos de carácter personal si no se hace bajo un protocolo de actuación acorde con la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal”. En su comunicado de prensa, la CLI destacó también que no deberían acceder a los datos otras personas que no sean las que atienden al paciente.
La Comisión declaró que al Ministerio de Sanidad y Consumo le hizo falta armonizar más los proyectos de cada Autonomía. “Entendemos que la pasividad del Estado debe corregirse sin demora ante el grave riesgo de que del resultado de esos planteamientos se generen ciudadanos con más, o menos, derechos y garantías dependiendo de la Comunidad Autónoma en que residan”, alegaron.
Finalmente, la CLI pidió a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid que “analice el convenio suscrito entre la COFM y la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, antes de su puesta en marcha”.