La Comisión Europea ha presentado el portal “Diálogo con los ciudadanos”, el cual tiene como objeto ofrecer una mejor información sobre los derechos y oportunidades de los europeos en los Veinticinco Estados miembros, disponible en 20 lenguas e incluyendo más de 1.300 fichas con consejos prácticos en 10 áreas diferentes de la legislación comunitaria.
Con esta nueva iniciativa los ciudadanos podrán saber más acerca de lo que hay que hacer para residir, trabajar, estudiar y viajar en otros países de la Unión Europea (UE); la compra de bienes y servicios; la igualdad de oportunidades; la protección de datos y la resolución de los conflictos financieros transfronterizos.
Así, mediante un sistema de búsqueda combinada, un ingeniero español que quiera trasladarse a Suecia encontrará en este Web todas las informaciones sobre cómo poder practicar su profesión en ese país; igualmente, un ciudadano belga encontrará información sobre cómo ejercer su derecho de voto en España o un polaco podrá averiguar si puede trasladarse a Francia para trabajar.
En este sentido, el comisario de mercado interior, Frits Bolkestein, asegura que “este sitio se sirve de la tecnología moderna para ofrecer a los ciudadanos información que les ayude a mejorar sus vidas haciendo valer sus derechos en el Mercado Interior”.
Si el usuario no encuentra los datos que buscaba, la página ofrece una serie de direcciones, números de teléfono y portales de Internet de los Estados miembros que permiten poner en práctica los consejos recibidos. De este modo, el ciudadano podrá dirigirse al teléfono gratuito 00800 6789 10 11 que responde a cualquier cuestión sobre la UE y que se puede marcar desde cualquier Estado miembro.
Otra alternativa que propone el portal es el servicio de orientación a los ciudadanos, que proporciona asesoramiento jurídico sobre los derechos prácticos y les orienta hacia el organismo apropiado en un plazo máximo de ocho días y en la lengua del usuario.
El nuevo Web también remite al usuario a la red SOLVIT, que, con centros ubicados en cada Estado miembro, ayuda a los empresarios a resolver los problemas derivados de la incorrecta aplicación de la normativa europea de algunas administraciones públicas.
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