Uno de cada seis adolescentes españoles reconoce haber quedado
físicamente con personas que han conocido previamente en Internet y, de
ellos, siete de cada diez acudieron solos al encuentro, según el segundo
estudio de hábitos infantiles en la Red realizado por la Fundació
Catalana per a la Recerca (FCR), en colaboración con la Universidad de
Cádiz, en el marco del programa europeo Internet Segura.
El estudio, realizado a más de dos millares de menores españoles de entre 12 y
17 años, revela que un tercio de los adolescentes se ha sentido en
alguna ocasión incómodo por contenidos inesperados a los que han llegado
a través del correo electrónico, servicios de chat o de mensajería
instantánea. Además, uno de cada cinco menores que recibe un e-mail que
les molesta lo contesta, y sólo uno de cada diez pide consejo a un
adulto.
Cuando los adolescentes se encuentran con contenidos no
esperados en sitios Web, tres de cada cuatro lo abandonan. Sin embargo,
uno de cada cinco sigue explorándola, mientras que sólo uno de cada
veinte lo comenta con un adulto de su entorno próximo. La mayoría (76
por ciento) considera que algunos contenidos deberían quedar bloqueados,
sobre todo para los niños.
Otro de los problemas que revela
el estudio es que bastantes adolescentes facilitan su dirección de
correo electrónico o su teléfono a personas contactadas exclusivamente
en Internet.
Asimismo, siete de cada diez menores cree que no ha
recibido suficiente información acerca de cómo navegar seguro por la Red
a través de sus profesores. En cualquier caso, la mitad de los
adolescentes tiene la impresión de que navega seguro por sus propios
conocimientos informáticos.
Por parte, el jefe de la Unidad
de Mercado de la información de la Dirección General de la Sociedad de
la Información, Javier Hernández-Ros, ha subrayado el problema que
supone para los menores la proliferación de contenidos y conductas
ilícitas en la Red.
De hecho, el mismo responsable ha
revelado que la Comisión está trabajando con las operadoras de telefonía
móvil y con los proveedores de servicios de Internet (ISP) para estudiar
los modos en que se podría impedir a los menores acceder a contenidos no
aptos para ellos.
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