Cargos y representantes de varios partidos están reaccionando ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros Europeo apruebe una directiva (a propuesta de la Presidencia irlandesa) que introduzca las patentes de programación en Europa. Desde PSOE, PP, IU y BNG algunos políticos se muestran muy preocupados ante esta posibilidad, informa Proinnova.
Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, declaró el fin de semana que las iniciativas de promoción de las nuevas Tecnologías de la Información, como las que se están realizando en Andalucía y Extremadura, “pueden verse muy perjudicadas por una directiva que permita el uso de patentes en los desarrollos informáticos”.
También comentó que “no hay evidencia de que las patentes sobre programas de ordenador supongan una mejora al respecto” mientras que sí hay evidencia “de varios problemas que deberían solucionarse para poder mantenerla en el caso de que se introduzcan las patentes de software como un nuevo factor. Patentar las ideas supone un lastre en el avance decidido de los pueblos hacia la sociedad de la información”.
El pasado viernes, Esteban González Pons, conseller de Cultura, Educación y Deporte del Gobierno valenciano, manifestó su profundo rechazo a la legalización de las patentes de software. “Su puesta en marcha en Europa causaría graves perjuicios a la Sociedad de la Información tanto de nuestra Comunidad Valenciana y nuestro país, como al resto de los países de la Unión Europea”, aseguró.
El mismo viernes, el candidato del BNG a las elecciones europeas, Camilo Nogueira, defendió que se declare en la reunión del lunes y martes la “no patentabilidad del software”, tal y como ya propuso en una iniciativa dirigida al Consejo Europeo de Competitividad.
Por otra parte, el pasado jueves Gaspar Llamazares, Fausto Fernández y todo el Grupo Parlamentario de IU-CM en la Asamblea de Madrid firmaron el manifiesto en contra de las patentes de software.
En la nota donde informan de dicha firma, afirman además que “las maniobras de la Presidencia de turno de la Unión Europa, actualmente asignada al Gobierno irlandés y patrocinada por la más importante de esas multinacionales, tiene que ser rechazada”.
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