El fiscal general de California, Bill Lockyer, interpuso este miércoles cuatro cargos contra la ex presidenta de Hewlett-Packard (HP), Patricia Dunn que renunció a su cargo hace algunos días, y otros cuatro implicados en el caso de espionaje a periodistas y ejecutivos de la compañía. Las cosas cada vez se ponen más complicadas para la empresa, envuelta en un escándalo para averiguar quién filtró informaciones a la prensa. Los cargos de los que se les acusa son: utilizar falsas excusas para obtener información confidencial de una compañía, acceso no autorizado a información almacenada en un ordenador, robo de identidad y conspiración al cometer cada uno de estos delitos.
Las otras cuatro personas contra las que se dirige el fiscal de California son Kevin T. Hunsaker, el ex consejero legal de la empresa; Ronald DeLia, un detective privado de Boston; Joseph DePante, propietario de la empresa de base de datos Action Research Group, y Bryan Wagner, un residente de Colorado empleado por Action Research.
Hunsaker, quien dirigió la investigación, abandonó la compañía a finales de septiembre. DeLia, director de la firma de detectives Security Outsourcing Solution, contrató a la compañía de DePante para obtener información. Este, a su vez, contrató a Wagner para obtener el registro de llamadas de los directivos de HP y los periodistas, entre ellos dos de “Cnet“, una revista de tecnología por Internet con sede en San Francisco; y otros de los diarios “The New York Times” y “The Wall Street Journal“.
Wagner identificó al directivo George Keyworth II como la fuente que filtró información a una reportera de “Cnet”. Keyworth dimitió cuando el escándalo salió a la luz, a principios de septiembre, mientras que otro directivo, el inversor Thomas Perkins, abandonó el Consejo de Administración en mayo, cuando se enteró de los métodos que había utilizado la empresa, y se convirtió así en el primero en tirar de la manta.
El escándalo llegó la semana pasada al Congreso de EEUU, donde los implicados recibieron una reprimenda pero mantuvieron la boca cerrada, amparados en la quinta enmienda constitucional que les permite guardar silencio para no incriminarse en el asunto. Dunn, la única que sí habló ante los congresistas, reconoció que, cuando accedió al puesto, uno de los principales encargos que recibió del consejo de administración fue determinar de dónde procedían las filtraciones que sufría la empresa.
Dunn dijo que cuando accedió a la presidencia pensó que la investigación, comenzada en 2005, había sido autorizada por Bob Wayman, director financiero y consejero delegado en funciones. La ex presidenta aseguró en el Congreso que en todo momento pensó que el sistema para rastrear las llamadas telefónicas de los empleados y periodistas era legal y basado en información pública disponible.
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