La UE debería facilitar el acceso TIC

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Bruselas se propone acercar el sector a los 90 millones de ciudadanos europeos que no pueden acceder a las diferentes tecnologías.

Las instituciones europeas deberían hacer más accesibles los bienes y servicios ligados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a las personas mayores o incapacitadas, según una consulta a través de Internet realizada por la Comisión Europea (CE).

Esta es la opinión del 90 por ciento de las 500 personas preguntadas pertenecientes a organismos públicos, suministradores de bienes y servicios de TIC, universidades, asociaciones profesionales y grupos de usuarios, que participaron en la consulta iniciada el pasado mes de enero.

La mayoría de los encuestados piensa igualmente que hace falta reforzar la interoperatividad de los bienes y servicios de las TIC (74 por ciento), para lo que es necesaria una armonización de las exigencias técnicas tanto en el interior como en el exterior de la UE, según el 84 por ciento. No obstante, la duda se cierne todavía sobre la forma de aplicar estas exigencias, resalta el comunicado.

Aunque muchos apoyan una forma de certificación de los productos o un sistema de etiquetado (72 por ciento), hay división de opiniones en cuanto a adoptar un sistema voluntario u obligatorio, o si debe haber una autocertificación acompañada de controles.

Con todo, la comisaria europea para la Sociedad de la Información, Viviane Reding, ha afirmado que “hacer la información accesible a todos constituye una obligación social y un objetivo económico. Cuanto más disponibles sean las tecnologías más se ampliarán los mercados potenciales”.

La política de la Comisión en materia de accesibilidad de productos y servicios a través de Internet pretende suprimir los obstáculos creados por la concepción inapropiada de los productos y servicios TIC, especialmente para las personas mayores o los incapacitados.

Al respecto, Reding ha resaltado que las opiniones recogidas en esta consulta permitirán sentar las bases “sociales, éticas y económicas necesarias para permitirnos continuar nuestros esfuerzos para acercar las TIC a 90 millones de ciudadanos europeos que actualmente no pueden disfrutar” de estas tecnologías.