El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado hoy que el
Gobierno español no actuó conforme al derecho comunitario al impedir a
Telefónica reequilibrar sus tarifas en conformidad con una directiva
europea y, así, entorpeció el desarrollo de la competencia en
servicios de telecomunicaciones, al no haber adoptado las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a
dicha directiva.
Esta norma había sido adoptada antes de que se
abriese la competencia al mercado y después de que la UE exigiera a los
miembros que dieran a las operadoras la oportunidad de ajustar sus
tarifas a los costes reales. Para ello, la directiva autorizaba a los
países a mantener los derechos especiales vigentes en los servicios de
telefonía vocal hasta el 1 de enero de 1998 al tiempo que instaba a los
Gobiernos a permitir que el reajuste de precios se hiciera en función de
las condiciones del mercado.
Aunque la normativa no establecía un
plazo concreto para el reequilibrio de tarifas, el Tribunal considera
que debía llevarse a cabo a un ritmo constante y con la mayor rapidez
posible desde la entrada en vigor de la normativa, y no más tarde del 1
de enero de 1998. En cambio, el Gobierno español no ha demostrado que
hubiera establecido, conforme a la directiva, un calendario de este tipo
dentro del plazo fijado, ni que éste hubiera sido aprobado por la
Comisión, señala el Tribunal en su fallo.
Además,
la decisión de la Comisión Europea de junio de 1997 relativa a la
concesión a España de plazos adicionales no autorizaba a las
autoridades españolas a aplazar el cumplimiento de su obligación de
suprimir los obstáculos al reequilibrio tarifario antes del 1 de enero
de 1998, sino a aplazar la concesión de nuevas licencias, añade.
El fallo respalda el recurso presentado por la Comisión Europea, quien
denunció que España había incumplido la directiva para la liberalización
de los servicios de telefonía y el suministro de infraestructuras. Al
obligar a Telefónica a conservar una estructura tarifaria que
perjudicaba a sus competidores y al mantener unas tarifas que no
correspondían a los costes reales, las autoridades españolas crearon una
situación perjudicial para el desarrollo de la competencia, denunció el
Ejecutivo.
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