Las operadoras alternativas consideran inviable el “price cap” de 2005

Movilidad

Astel ha propuesto una subida del 2 por ciento de los precios de las llamadas, mientras que la intención del Ejecutivo es imponer un descenso del 1 por ciento.

La Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), que agrupa a los competidores de Telefónica, considera que la propuesta del Gobierno de “price cap” para 2005 es “inviable” para el sector y aboga por una subida del 2 por ciento de los precios de las llamadas.

En este sentido, el director general de Astel, Lionel Fernández, ha explicado que tras varios años de liberalización del sector se ha alcanzado un nivel de eficiencia “óptimo” en las redes que no permite que haya margen para bajadas adicionales de los precios de las llamadas.

A su juicio, querer imponer esas rebajas de manera artificial desde la Administración supone “crear problemas financieros a todas las operadoras” y obligar a las compañías a destinar los beneficios generados por la banda ancha a las pérdidas en telefonía fija, lo que “no tiene sentido si la política es promover la Sociedad de la Información”.

Por ello, las operadoras alternativas han propuesto al Gobierno que lleve a cabo una regulación “neutral”, es decir, que aplique la fórmula IPC-0 por ciento, lo que supondría una subida del 2 por ciento de los precios de las llamadas, mientras que la intención del Ejecutivo es imponer un descenso del 1 por ciento.

Según Astel, su propuesta de “price cap” para 2005 daría lugar a una bajada real del 1,6 por ciento de los precios de telefonía en España, dado que el IPC que se toma en cuenta en la fórmula es el previsto para la zona euro, del 2 por ciento, mientras que la estimación para España es del 3,6 por ciento. En cambio, la fórmula del Gobierno supondría un descenso real de los precios del 4,6 por ciento.

Por último, Fernández ha criticado el empeño del Gobierno en seguir utilizando el sector de las telecomunicaciones como un elemento deflacionista dentro de su política económica. “Convertir un efecto positivo de la liberalización en algo que se fuerza artificialmente no tiene sentido”, argumenta.

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