Los ministros de Justicia e Interior de los Veinticinco han logrado un acuerdo sobre la retención por parte de los operadores de los datos telefónicos y de telecomunicaciones durante un periodo de entre 6 y 24 meses, con el fin de mejorar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, según informan fuentes del Consejo.
Los costes deberán ser asumidos por las operadoras y no por los Gobiernos, punto que debe ser aceptado todavía por el Parlamento Europeo. El ámbito de aplicación de la Directiva se ha extendido a las llamadas fallidas, pero sólo las almacenadas por las empresas.
Mientras, la Presidencia británica, que había puesto sobre la mesa una propuesta modificada de Directiva, intentará después que se apruebe en primera lectura con el Parlamento europeo. Aunque la norma se ha aprobado por consenso, tres países han mostrado sus reticencias, y Portugal ha realizado una declaración sobre la asunción de costes.
La Comisión Europea ha elaborado también una declaración adicional en la que señala que el pago de los costes no generará distorsiones de la competencia.
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