Un 37,4 por ciento del software vendido en España durante el año pasado era ilegal, según los datos obtenidos en la última campaña Comprador Anónimo. Durante el acto de presentación de los resultados, el director de desarrollo de propiedad intelectual de Microsoft Ibérica, Txema Arnedo, explicó que “aún hace falta sensibilizar al consumidor sobre el valor del software que adquiere”.
Por ello, el directivo pidió “apoyo” al Ministerio de Cultura para conseguir que el software esté presente “de una forma más educativa” en las campañas de concienciación sobre vulneración de derechos de la propiedad intelectual. Arnedo, apuntó que las licencias de estos productos no tienen copia privada, por lo que no se ven afectadas por el canon digital.
Aunque, en términos generales, el índice de piratería en España descendió un 7,7 por ciento con respecto a 2006, según el estudio, existen comunidades autónomas cuyo porcentaje de software ilegal vendido superan a la media de todo el territorio.
Así, en Castilla La Mancha, seis de cada diez programas vendidos son piratas, mientras que Andalucía y Comunidad Valenciana la piratería se sitúa en el 50%. Por el contrario, las regiones con menos presencia de software ilícito son Canarias (22,7%), Baleares (23,8%), Murcia (26,0%) y Madrid (27,9%), donde ha disminuido 12,5 puntos respecto a 2007.
En una situación intermedia, se encuentran Navarra (28,6%), Asturias (29,4%), Cataluña (29,9%) País Vasco (30,8%), Galicia (31,1%), Castilla y León (34,2%), Aragón (35,7%), Cantabria (36,4%) y Extremadura (44,4%).
El proceso del Comprador Anónimo (‘Mistery Shopper’) ideado por Microsoft se inicia con la visita de uno de estos consumidores a cualquiera de las tiendas informáticas de España, donde solicita información y presupuesto para adquirir un ordenador con su sistema operativo y las aplicaciones comunes.
Si la oferta incluye software ilegal, el comprador anónimo se identifica como un inspector de la compañía. Si el software ofertado (normalmente el sistema operativo y el paquete de Microsoft Office) va acompañado de licencia, la multinacional incluye a esa tienda en una fase de “activación comercial” donde se ofrece al dueño la posibilidad de participar en campañas conjuntas de marketing y cursos y formación técnica.
Por el contrario, si la oferta no incorpora licencia, el inspector informa al personal del punto de venta que dicha actividad puede suponer un delito contra la propiedad intelectual recogido en el Código Penal y castigado “con cuantiosas condenas económicas y, en algunos casos, la prisión del denunciado”. Si meses después del aviso, la compañía realiza una segunda visita secreta a la tienda, y ésta continúa ofreciendo programas ilegales, es denunciada ante las autoridades competentes.
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