El Gobierno polaco ha retirado sus reservas al acuerdo político del Consejo de la UE acerca de la directiva de patentes para invenciones ejecutadas por ordenador, norma que suscita el rechazo de las organizaciones partidarias del software libre, según informan fuentes comunitarias.
El visto bueno de Polonia abre la puerta para que el Consejo sancione el acuerdo político sobre la propuesta que alcanzó en mayo de 2004 y la remita al Parlamento Europeo para que éste proceda a la segunda y, en principio, definitiva lectura del texto. A priori, el Consejo podría formalizar su acuerdo sin necesidad de debate en la próxima reunión de los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin), el día 17 de febrero. Sin embargo, la presidencia luxemburguesa del Consejo aún mantiene “consultas” para examinar la idoneidad de este paso, según ha declarado el portavoz de la presidencia, Lucien Michels.
Esto se debe a que la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea (CE), responsable de la propuesta inicial, la reanudación de todo el proceso de tramitación del texto, abierto en 2003. La petición de la comisión de Asuntos Jurídicos debe ser refrendada por la conferencia de presidentes de grupos del Parlamento Europeo, cuya próxima reunión está prevista para el 16 de febrero, la víspera por tanto de la reunión del Ecofin.
De confirmarse, la demanda parlamentaria no sería jurídicamente vinculante para la Comisión Europea, pero sí tendría alto valor político, dado que la Eurocámara debe en último término dar su visto bueno a la redacción final del texto. La CE, institución competente para retirar la directiva o reiniciar su tramitación, mantiene “todas las opciones abiertas”, según confirma su portavoz de Mercado Interior, Oliver Drewes.
La Comisión sostiene que el texto es suficientemente claro para evitar “toda deriva hacia la patentabilidad de los métodos de gestión o de programas informáticos que no aportan ninguna contribución técnica”.
Sin embargo, colectivos partidarios del uso libre del software denuncian que podría servir de base jurídica para que grandes empresas como Microsoft, Nokia, Ericsson o Alcatel, blinden mediante patentes el uso de algoritmos o fórmulas informáticas que hasta ahora sólo están sujetos al pago de derechos de copia.
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