La economía colaborativa o sharing economy es uno de los fenómenos más receintes y pujantes del capitalismo. Tanto que acapara el interés no sólo de usuarios e inversores, sino también de académicos e investigadores.
Así, el Mercatus Center de la Universidad George Mason publicó un informe titulado La economía colaborativa y la protección de los Consumidores: Un caso para el cambio de políticas. El documento, escrito por Christopher Koopman, Matthew Mitchell y Adam Thierer, analiza la relación entre las startups de esta nueva economía, las entidades que buscan nuevas empresas para irrumpir en este sector y los reguladores gubernamentales.
El estudio analizan como startups como Uber, Airbnb y Lyft han sido capaces de crecer fuera del régimen normativo establecido, dando un uso productivo al “capital muerto”, incrementando la competencia y la especialización, y reduciendo los costes.
También examina las diversas formas en que la regulación puede obstaculizar la innovación, promover la búsqueda de rentas, elevar los precios y reducir las oportunidades, entre otros aspectos negativos. El informe no menciona aspectos, como la privacidad o la seguridad, que la regulación podría ayudar a mantener bajo control.
Como consecuencia, los autores afirman que la solución a las controversias generadas por estas nuevas formas de economía no es castigar las innovaciones, sino “nivelar el terreno de juego” liberalizándolo hasta poner a todos los actores -viejos y nuevos- en igualdad de condiciones.
En lugar de apostar por la regulación para lograr esa competencia en igualdad de condiciones, los políticos deberían flexibilizar las normas antiguas introduciendo a los nuevos participantes y las nuevas tecnologías que empoderan al consumidor, concluyen los autores del Mercatus Center, conocido por su radical postura antirregulatoria.
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