Como si de una distopía de Orwell se tratara, el Gobierno britanico ha dado luz verde al proyecto de ley de investigación, que da cobertura legal a las actividades de vigilancia masiva a los ciudadanos realizadas hasta ahora por agencias como el GCHQ.
El amplio proyecto, conocido como Investigatory Powers Bill, permite al MI5, el MI6 y la policía espiar el uso de la web de los ciudadanos británicos, incluyendo la capacidad de ver sin orden judicial los nombres de los sitios que las personas han visitado, informa la BBC.
Asimismo, la actividad de Internet de todos los residentes en Reino Unido tendrá que ser almacenada durante un año por los proveedores de servicios de Internet. El proyecto contiene otras propuestas como permitir al Estado hackear dispositivos -con la colaboración obligada de las compañías- y autorizar las operaciones dirigidas a recoger y analizar grandes cantidades de datos distribuidos a través de Internet.
También se establecen nuevos delitos, como el de “obtener a sabiendas o imprudentemente datos de las comunicaciones de un operador de telecomunicaciones sin autorización legal”, que lleva una pena de prisión de hasta dos años. Del monopolio de la fuerza se pasa al monopolio del hacking.
La secretaria del Interior, Theresa May, manifestó ante el Parlamento que los poderes propuestos y las actividades que consagrará la nueva ley son necesarios para combatir el crimen y el terror. La normativa, que modera a instancias de los liberales algunos aspectos del proyecto anterior, “proporciona algunas de las protecciones y salvaguardas más fuertes que hay en cualquier parte del mundo democrático y establece nuevos estándares para la apertura, la transparencia y la supervisión”.
En cambio, Shami Chakrabarti, director de la campaña por los derechos civiles Liberty, señaló: “Después de toda la charla de equilibrios y salvaguardias, este proyecto de ley tan esperado constituye un ataque impresionante a la seguridad en Internet de cada hombre, mujer y niño en nuestro país”.
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