Visto lo visto, podría decirse que los taxistas son los únicos trabajadores que conservan la capacidad de doblegar gobiernos en Europa. La semana pasada, Uber era prohibido en toda España, y ayer el Ministerio del Interior anunciaba la prohibición del servicio UberPop en el país vecino.
Pero las medidas adoptadas por el gobierno galo contra Uber van mucho más allá. Las penas por poner en contacto a conductores sin licencia con potenciales clientes serán de 300.000 euros de multa y dos años de prisión.
El portavoz del ministerio, Pierre-Henry Brandet, manifestó que UberPop -un servicio para compartir trayectos urbanos con conductores locales- no sólo es ilegal, sino que plantea “un verdadero peligro” para los clientes, debido a la ausencia de un seguro de viaje adecuado.
Según informa The Verge, la nueva disposición entrará en vigor el próximo 1 de enero, dentro de la nueva ley sobre la reglamentación de los vehículos con chófer. Esta ley endurece los requisitos para este tipo de vehículos, incluyendo la obligación para los conductores de poseer licencias profesionales y seguros, y las citadas sanciones para los infractores.
El gobierno de Francia reacciona con la prohibición de UberPop y servicios similares en todo el país a las protestas de los sindicatos de taxistas, que bloquearon las principales carreteras alrededor de París en una protesta contra Uber y la “competencia desleal” que plantea.
Por su parte, Uber afirma que UberPop continuará operando en Francia hasta que un tribunal determine lo contrario. “La reciente decisión del Tribunal de Comercio de París es la primera y única decisión dictada sobre el asunto, y la decisión del tribunal era permitir a UberPop seguir operando”, declaró un portavoz de la compañía.
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